Entidad fija límites y prohíbe al PJ dictar medidas

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una decisión trascendental: ordenó suspender inmediatamente todas las investigaciones fiscales que se vienen llevando adelante contra la presidenta Dina Boluarte y prohibió que el Poder Judicial dicte nuevas medidas en su contra. Esta resolución representaría un blindaje judicial temporal que ha generado intenso debate político y legal.

¿Qué investigaciones fueron suspendidas?

La suspensión abarca investigaciones altamente sensibles, entre ellas:

• Su presunta responsabilidad en las muertes de manifestantes tras asumir la presidencia en diciembre de 2022.

• Alegatos de enriquecimiento ilícito y ostentación de bienes de lujo, como relojes costosos.

La decisión del TC se enmarca en una demanda competencial presentada por el Ejecutivo, con el argumento de que el artículo 117 de la Constitución limita la posibilidad de investigar penalmente a un presidente en ejercicio sin previa acusación constitucional desde el Congreso. El objetivo fue frenar las investigaciones mientras Boluarte esté en funciones.

Este recurso fue admitido a trámite en febrero de 2025 luego de resolver ciertas observaciones formales. Sin embargo, la tesis ha sido criticada por oposición política y académica como un blindaje anticipado e inconcluso.

«En ningún caso se podrá disponer actos de investigación que no respeten la dignidad del cargo, el ejercicio efectivo de la autoridad estatal y que sean limitativos de los derechos fundamentales del titular de la Presidencia de la República», se lee en el fallo.

Reacciones de la defensa y del entorno legal

El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha insistido en que el efecto de la medida es “suspensorio” —es decir, las investigaciones se detienen temporalmente, pero no se archivan— y podrían reiniciarse después del fin de su mandato, calculado para julio de 2026.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo respaldó el planteamiento ante el TC mediante un amicus curiae, sosteniendo que solo el Congreso puede investigar a un mandatario, según la interpretación del referido artículo constitucional.

Otros casos donde se aplicó la suspensión

Este escenario ha ocurrido en investigaciones anteriores como los casos “Rolex” —donde la presidenta fue vinculada a relojes de alta gama— y la desactivación del equipo especial de la policía anticorrupción (Eficcop). En ambos, el Poder Judicial concluyó las investigaciones preliminares por control de plazo, impidiendo su continuación sin un pronunciamiento definitivo.