El Tribunal Constitucional analizó la validez de la ley penal para adolescentes que autoriza juzgar como adultos a jóvenes de 16 y 17 años por delitos graves.
El Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una audiencia pública para revisar la constitucionalidad de la ley penal para adolescentes, que permite procesar como adultos a menores de 16 y 17 años por delitos graves. La norma fue cuestionada por el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y otras entidades.
La ley penal para adolescentes fue aprobada en 2023 en medio de un incremento de delitos cometidos por menores, lo que generó un debate sobre el modelo de respuesta penal en el país. Diversos organismos sostienen que una modificación en el régimen sancionador debe considerar los estándares internacionales de justicia juvenil.
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Argumentos del Poder Judicial ante el TC
El Poder Judicial sostuvo que la ley penal para adolescentes desconoce el trato diferenciado que debe recibir un menor en conflicto con la ley, y que vulnera principios como el interés superior del niño y la progresividad de derechos fundamentales. También señaló que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado en 2017, no se implementa por falta de presupuesto.
Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
Durante la audiencia, la Defensoría del Pueblo indicó que la aplicación de la ley penal para adolescentes no reduce la criminalidad juvenil. Su representante, Josué Gutiérrez, afirmó que la política de reintegración debe ser prioritaria y advirtió sobre el impacto que tendría exponer a menores a cárceles para adultos en el contexto del Tribunal Constitucional.
Postura del congresista Alejandro Muñante
En contraste, el congresista Alejandro Muñante respaldó la ley penal para adolescentes, señalando que países de la región ya aplican regímenes penales para menores desde los 16 años. Además, cuestionó las deficiencias del sistema de rehabilitación juvenil y la capacidad de los centros de internamiento.
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Situación actual del sistema juvenil y cifras oficiales
Según el Pronacej, existen 3,520 adolescentes infractores en el país: 1,914 en régimen cerrado y 1,606 con medidas socioeducativas. Cifras del INPE indican que al menos 71 menores de 16 y 17 años permanecen recluidos junto a adultos, lo que ha generado cuestionamientos sobre el impacto de la ley penal para adolescentes en la protección de derechos y la relación del Tribunal con las cifras.
Participación de la academia y sociedad civil
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP participó como amicus curiae y cuestionó la compatibilidad de la ley penal para adolescentes con los estándares internacionales de justicia juvenil. El TC incorporó estos aportes técnicos para su evaluación final, demostrando el involucramiento del Tribunal Constitucional.
Próxima decisión del TC
El Tribunal Constitucional emitirá su decisión dentro del plazo legal. El pronunciamiento definirá el futuro de la ley penal para adolescentes y su adecuación al marco constitucional y a los tratados internacionales vigentes.
