Defensoría del Pueblo exige a distritos de Lima acatar fallo y dejar de usar grúas sin respaldo legal.
Tribunal Constitucional (TC) estableció que las municipalidades distritales no tienen competencia legal para sancionar el mal estacionamiento. Esto anula su facultad para imponer multas o utilizar grúas en estos casos. Según el máximo intérprete de la Constitución, dichas competencias son exclusivas del Estado a través de normas nacionales, y no pueden ser asumidas por ordenanzas locales.
La Defensoría del Pueblo comunicó el fallo y explicó que busca asegurar el respeto al principio de legalidad, según el cual solo las leyes aprobadas por el Congreso pueden establecer sanciones de tránsito. Por ello, las ordenanzas que permitían a los municipios intervenir en estos casos ya no tienen validez.
No obstante, en algunas zonas de Lima aún se observan prácticas que contravienen esta resolución. En distritos como Jesús María, persisten letreros que advierten sobre la remoción de vehículos estacionados en zonas restringidas, como las inmediaciones del Hospital Rebagliati. También se ha reportado que grúas continúan operando en sectores de Pueblo Libre y La Victoria.
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Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha instado a los gobiernos locales a cesar de inmediato las intervenciones que no cuentan con respaldo legal. La entidad recordó que el incumplimiento de lo dispuesto por el TC podría constituir desacato, una falta grave con posibles consecuencias legales para los funcionarios implicados.
Varios ciudadanos entrevistados por medios dieron opiniones divididas. Algunos reconocen que el mal estacionamiento es un problema frecuente. Sin embargo, consideran que el uso de grúas debería aplicarse con criterio en casos especiales, como emergencias o situaciones médicas.
Finalmente, la Defensoría reiteró que solo una ley nacional puede otorgar a los municipios competencias en materia de sanciones de tránsito. Mientras ello no ocurra, cualquier acción coercitiva como el retiro de vehículos podría ser considerada ilegal.
