Telefónica del Perú anunció la conclusión de su contrato con la Policía Nacional del Perú (PNP) para la prestación de servicios de internet, red de datos, integración tecnológica y seguridad informática. Esta interrupción se debe a una sanción impuesta a la empresa, que la inhabilita temporalmente para contratar con el Estado, impidiendo la renovación de su contrato.
El contrato venció el 5 de noviembre, y la empresa comunicó a la PNP con anticipación sobre la situación para que se adoptaran las previsiones necesarias. Según Telefónica, desde julio la PNP designó a un nuevo operador para asegurar la continuidad de estos servicios esenciales para sus actividades.
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Telefónica explicó que la sanción temporal le prohíbe realizar nuevas contrataciones con el Estado, afectando su relación contractual con la PNP. Como resultado, la empresa dejó de proveer servicios a la institución policial y se notificó oportunamente a la PNP y otras entidades sobre la necesidad de una transición al nuevo operador.
Proceso de arbitraje
En otro contexto, Telefónica del Perú inició en octubre un proceso de arbitraje contra el Estado peruano, exigiendo una compensación superior a los 1.122 millones de euros. La empresa argumenta que resoluciones fiscales adoptadas desde su llegada al país en 1994 violan el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, el cual busca proteger a inversores extranjeros de medidas fiscales perjudiciales.
