17 de marzo de 2026

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Tiembla red caviar en el Ministerio Público

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, está a punto de desarticular el andamiaje caviar en el Ministerio Público para que esta institución ya no sea utilizada para realizar persecución política contra los enemigos de la izquierda.

En esa línea, el Ministerio Público informó que avanza en la elaboración del proyecto de su nueva Ley Orgánica, tras la realización de la octava sesión de la comisión encargada de esta reforma institucional. La sesión fue presidida por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, y permitió analizar las funciones de las fiscalías supremas especializadas.

Durante el encuentro se evaluó el rol y las competencias de las fiscalías supremas en derechos humanos y trata de personas, materia ambiental, así como aquellas dedicadas a la investigación y procesamiento de altos funcionarios del Estado y otras autoridades.

Cabe señalar que en los últimos años el Ministerio Público, a través de los equipos especiales, se dedicaron a realizar una cacería judicial sin pruebas contra Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, así como a militares y policías que evitaron el retorno del golpista Pedro Castillo durante las protestas violentas en diciembre de 2022 y enero de 2023.

Los integrantes de la comisión revisaron la necesidad de actualizar las competencias de estas fiscalías especializadas, con el objetivo de adecuarlas a las actuales demandas del sistema de justicia. Este análisis forma parte del proceso técnico orientado a la formulación de un nuevo marco normativo que regule la organización y funcionamiento del Ministerio Público.

La comisión fue conformada mediante la Resolución Nº3578-2025-MP-FN, publicada el 23 de noviembre de 2025, que oficializa el inicio del proceso de elaboración de una nueva Ley Orgánica.

La reforma responde a la vigencia de una normativa con más de 40 años de antigüedad, elaborada bajo marcos constitucionales y penales ya superados. Esto ha generado la necesidad de adecuar la institución a la Constitución de 1993 y al Código Procesal Penal de 2004.

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