Por Martín Belaunde Moreyra
Si hay un peruano que conoce de temas de extradición es el ex presidente Toledo. Lo digo por experiencia personal. Cuando fui embajador del Perú en Argentina tuve algunas extradiciones muy importantes, concretamente de los señores Ernesto Schütz, Crousillat padre e hijo, así como Jorge Baca Campodónico. Recuerdo que Toledo vino a la ceremonia de trasmisión de mando del presidente Kirchner en mayo del 2003 con una importante comitiva política. En el diálogo posterior entre los jefes de Estado y sus asesores, Toledo le pidió al presidente Kirchner que lo apoyara en el trámite de las extradiciones. Kirchner le contestó que haría todo lo posible dentro de sus facultades como presidente, agregando que el tema en ese momento estaba judicializado. Después Toledo solía llamarme frecuentemente para preguntarme por el avance de los procesos y en una ocasión me pidió que “les ponga punch”. Schütz huyó a Suiza, quizás con la complicidad del juez argentino, pero los Crousillat y Baca Campodónico efectivamente fueron extraditados, los dos primeros antes que dejara mi cargo de embajador.
Toledo sabe que un error en el planteamiento de la extradición, puede tirarla abajo. La extradición solo procede cuando se acreditan diversos requisitos, la doble incriminación, vale decir que los delitos imputados al extraditable lo sean tanto en el país requirente como en el requerido. Además, los delitos no deben haber prescrito. Adicionalmente tienen que haber indicios razonables, no pruebas concluyentes, de que el extraditable es responsable de los presuntos delitos que se le imputan. En Estados Unidos eso es conocido como la causa probable, – no la causa probada – porque esa deberá acreditarse después.
Pero el tema más importante en una extradición, particularmente en una dirigida contra un ex jefe de Estado, es que no se le acuse de delitos políticos. La extradición como institución de ayuda internacional entre los tribunales, los excluye de manera expresa. La extradición está pensada para la persecución internacional de los delitos comunes, que para ese efecto incluye al narcotráfico, terrorismo y los magnicidios. Los delitos políticos también comprenden aquellos relacionados con actividades de naturaleza política o con el ejercicio de la misma. Por eso los extraditables muchas veces alegan dos cosas: 1) que se trata de una persecución política disfrazada; y 2) que en el juicio al que serán sometidos en el país solicitante ellos no tienen la garantía del debido proceso.
En el Perú, Toledo se ha trazado esa estrategia y la persona escogida para llevarla a cabo es el ex congresista Heriberto Benítez Rivas. No lo critico porque desempeña una labor profesional de abogado. Sin embargo, lo advierto. Benítez está cumpliendo una doble función: dilatar el trámite de la extradición hasta donde sea posible y deslegitimarla asociándola con una persecución política. Todo lo que él dice aquí será utilizado en los tribunales de los Estados Unidos. Por eso aparece en muchos programas radiales y televisivos, señalando cualquier debilidad en el proceso de extradición, las contradicciones de Maiman, el supuesto ánimo persecutorio de algunos congresistas, las inconsistencias de ciertos fiscales, etc. En atención a esa circunstancia, recomiendo a los congresistas y autoridades en general, que se abstengan de declarar sobre el proceso de extradición de Toledo, porque lo que digan jugará a su favor en los Estados Unidos.
