El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP-INPE) realizó un plantón frente al Ministerio de Economía y Finanzas y la sede central del INPE los días 1, 2 y 3 de agosto, demandando la aprobación de un proyecto de ley para reajustar sus remuneraciones y mejorar sus condiciones laborales.
Redactado por: Valeria Ponce / Fotógrafo: Xennia Bravo
El proyecto de ley 29709, respaldado por el INPE y el Ministerio de Justicia, busca reajustar los salarios de los servidores penitenciarios, estancados por más de una década. El sindicato denuncia también incumplimientos en la negociación colectiva y amenaza con una huelga nacional indefinida.
El SINTRAP-INPE se manifestó en las afueras del Ministerio de Economía y Finanzas y la sede central del INPE durante los días 1, 2 y 3 de agosto, en una contundente protesta para exigir la aprobación de un proyecto de ley que permitiría el reajuste de sus remuneraciones, paralizadas desde hace más de una década.
El mencionado proyecto de ley, conocido como la Ley 29709, establece diversos beneficios para los servidores penitenciarios, tales como bonificaciones por escolaridad, dos aguinaldos al año y asignaciones por tiempo de servicio. A pesar de contar con el respaldo del INPE y del Ministerio de Justicia, el proyecto permanece en evaluación en el Ministerio de Economía y Finanzas desde hace más de once años.
«Hemos venido luchando para que este proyecto salga adelante, pero en múltiples ocasiones ha sido frustrado», declaró Ángel Llancari Villavicencio, secretario general del SINTRAP, quien enfatizó la urgencia de la aprobación de esta ley para reajustar los sueldos de los trabajadores penitenciarios.
Además del reajuste salarial, los manifestantes denunciaron el incumplimiento de la negociación colectiva 2023-2024, que incluye la falta de entrega de alimentos al personal administrativo y de tratamiento, así como la inadecuada compensación por horas extras del personal de seguridad. También señalaron la falta de pago de beneficios sociales como bonificaciones por 25 y 30 años de servicio, compensación por tiempo de servicios (CTS) y pagos por luto y sepelio.
El sindicato exige sanciones para los funcionarios responsables de pagos indebidos y descuentos no autorizados a los trabajadores. Asimismo, denuncian la suspensión de la incorporación del personal CAS y del régimen laboral 276 a la nueva ley, lo que ha generado incertidumbre y descontento entre los empleados.
Tras tres días de protestas sin recibir una respuesta concreta, SINTRAP-INPE, a través de su secretario general, anunció una huelga nacional indefinida para la quincena de agosto. «Nuestra huelga será en cada uno de los 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Es una huelga indefinida hasta que se solucionen nuestras demandas», afirmó Llancari.
Lee también:
Esta huelga podría tener graves consecuencias, como la suspensión de visitas familiares y de abogados a los internos, el aplazamiento de diligencias judiciales y el riesgo de saturación de las cárceles. El sindicato ha convocado una segunda fase de protestas para los días 7, 8 y 9 de agosto frente al Ministerio de Justicia, continuando así su lucha por condiciones laborales justas y un salario digno.
