La contaminación ambiental alcanza 10.000 m² de mar y deja sin ingresos a más de 2.000 personas. Autoridades y comunidades exigen justicia y compensaciones.
El distrito de Lobitos, en la provincia de Talara, Piura, enfrenta una de sus peores crisis tras un derrame de petróleo que ha contaminado extensas áreas del mar y afectado gravemente a la fauna y las actividades económicas locales. La emergencia se originó el pasado viernes durante maniobras de embarque en el terminal submarino de la Refinería de Talara, operado por Petroperú.
Según la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el incidente implicó el derrame de 0.143 metros cúbicos de hidrocarburos, lo que desencadenó un plan de emergencia que incluyó medidas de contención y limpieza. Sin embargo, el impacto ya es devastador: la playa Las Capullanas y otras tres, ubicadas en el norte de la refinería, presentan manchas negras y fauna marina muerta.
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Jorge Periche, presidente del Gremio de Pescadores Artesanales de Lobitos, lamentó las consecuencias para la economía local. “El mar es nuestra fuente de trabajo, y ahora estamos sin ingresos. Este desastre afecta no solo a los pescadores, sino también a los trabajadores de turismo, hoteles y restaurantes”, señaló. Las comunidades exigen compensaciones inmediatas por las pérdidas sufridas.
Por su parte, la fiscal Silvia del Carmen Neyra Herrera, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana, ha iniciado una investigación preliminar contra Petroperú por presunta contaminación ambiental. Durante su inspección en la playa Las Capullanas, evidenció sustancia oleosa y sedimentos impregnados en la orilla, así como animales muertos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Osinergmin también supervisan las acciones tomadas por Petroperú y evaluán posibles sanciones.
Ricardo Bancayán, alcalde de Lobitos, denunció la falta de atención hacia el distrito pese a su contribución al erario nacional como principal productor de petróleo. Exigió compensaciones y anunció medidas legales en defensa de los pescadores y empresarios afectados. En tanto, Sigifredo Zárate, alcalde de Talara, pidió sanciones contundentes contra los responsables.
Mientras las comunidades demandan justicia, Petroperú minimiza el incidente calificándolo de “menor” y asegura que 350 trabajadores realizan labores de limpieza. No obstante, organizaciones como Oceana Perú han denunciado deficiencias en los equipos de protección del personal encargado.
Lobitos clama por soluciones inmediatas ante un desastre que no solo daña su ecosistema, sino también su sustento diario.
