No atienden pedido de militares y policías en retiro para que gobierno retire demanda contra la Ley 30683
César López
El pedido que hicieron militares y policías en situación de retiro para que el gobierno retire la demanda contra la Ley 30683, que hace justicia con más de 100 mil efectivos, ha caído en saco roto en los ministerios de Defensa e Interior.
Efectivamente, el gobierno de Martín Vizcarra envió la solicitud al Ministerio de Defensa para que se pronuncie y el titular del sector en vez de brindar una opinión técnica y legal, tira la pelota la pelota al director general previsional de las Fuerzas Armadas, Francisco Lizárzaburu, quien no tiene competencias para pronunciarse.
Efectivamente, el 8 de mayo en carta dirigida a Francisco Quispe Pinto, presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar- Grupo Coraje, el Director Previsional del Ministerio de Defensa sólo atina a responder que el pedido de retiro de la demanda fue también hecha por dos congresistas (Javier Velásquez Quesquén y Edwin Donayre), las mismas que se encuentran en análisis en el Tribunal Constitucional, entidad que deberá abalizar en última instancia la demanda de inconstitucionalidad y cuyos fallos con inapelables. Se sabe que la misma situación ocurrió en el Ministerio del Interior, es decir ambos ministerios se lavaron las manos a los pedidos de la familia policial y militar para el desistimiento de la demanda contra una ley que permite que hay equidad en las pensiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
De otro lado, se sabe que el Congreso de la República, a través de su apoderado congresista Javier Velásquez Quesquén, ya presentó los argumentos jurídicos para defender la legalidad de la Ley 30683 ante el Tribunal Constitucional.
Cabe señalar que gremio de militares y policías en situación de retiro ha denunciado que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional votarían en contra de la ley de equivalencia, postura similar a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso que ha pedido recusar a los magistrados Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Naváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, a fin de garantizar los principios de independencia e imparcialidad en el proceso de inconstitucionalidad.
