Gremios de transporte de Los Olivos planean paralizar sus actividades el próximo jueves 3 de octubre en respuesta a las crecientes amenazas de extorsión.
En el contexto del segundo día de estado de emergencia, transportistas del distrito de Los Olivos han anunciado una paralización de actividades programada para este jueves 3 de octubre. La medida surge como respuesta a las constantes amenazas de extorsión que enfrentan estos trabajadores, quienes afirman que sus vidas están en peligro si continúan operando.
Durante una entrevista con medios locales, los conductores, que prefirieron mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, explicaron que la falta de protección efectiva ha sido un factor clave en su decisión de sumarse a la paralización. “No podemos circular porque nuestras vidas están en riesgo”, declaró uno de los transportistas, añadiendo que ya habían solicitado mayor seguridad en las comisarías locales sin recibir una respuesta efectiva.
Posturas divididas ante el paro
Aunque algunos grupos de transportistas ya han confirmado su participación en la movilización del 3 de octubre, no todos los gremios han respaldado esta medida. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aclaró que aún no hay un acuerdo unánime entre los sindicatos para sumarse a la protesta. «Por el momento, no hemos tomado una decisión oficial. Estamos evaluando los resultados de las reuniones con el Ministerio del Interior y esperamos que se tomen medidas concretas en los próximos días», explicó Valeriano.
Asimismo, hizo un llamado al Congreso para que apruebe leyes más estrictas que enfrenten de manera eficaz a las bandas criminales y la extorsión que afecta a diversos sectores del país, incluyendo el transporte. En ese sentido, mencionó que existen propuestas legislativas en marcha que podrían agravar las penas por delitos como el sicariato y la extorsión, lo que representaría un paso importante en la lucha contra el crimen organizado.
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Medidas del Gobierno ante la crisis
El estado de emergencia, declarado en 14 distritos de Lima y Callao, busca frenar el avance de la delincuencia, que ha puesto en jaque a transportistas y empresarios. Para combatir la extorsión, el gobierno ha dispuesto la creación de un equipo especial de la Policía Nacional dedicado exclusivamente a investigar estos delitos, además de implementar medidas de protección para las unidades de transporte y reforzar la presencia policial en las rutas afectadas.
