Rechazo contundente. Dirigentes del gremio aseguran que la medida no ha logrado reducir la inseguridad y anuncian movilización para el 7 de diciembre.
El Gobierno decidió extender por 45 días el estado de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao, pese a que los niveles de extorsión y violencia no han disminuido significativamente. La medida, que abarca distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Comas y Ventanilla, ha sido rechazada por los transportistas, quienes califican esta decisión como ineficaz y populista.
Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), expresó su descontento señalando que el estado de emergencia no ha dado resultados concretos. «Es una estrategia sin sustento que no aborda de manera integral la inseguridad. Mientras tanto, nuestros conductores siguen siendo asesinados», declaró.
Según los transportistas, desde que se implementó esta medida, el número de ataques a choferes ha ido en aumento. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó que al menos 60 conductores han sido asesinados en lo que va del año. “Exigimos la derogación de leyes que parecen favorecer a los criminales. El ministro del Interior debe asumir su responsabilidad y dejar el cargo”, enfatizó.
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Movilización en defensa de la vida
Ante esta situación, los gremios de transporte anunciaron una nueva protesta el próximo 7 de diciembre en Lima y Callao. Edgar Luis Vitor, dirigente de Transportes Unidos Cono Norte, adelantó que, si no se logra una respuesta favorable, se planteará un paro nacional para enero. «No podemos permitir que sigan matando a nuestros compañeros. Salimos a las calles en defensa de nuestra vida y derechos», subrayó.
Escalamiento de la violencia
El analista de datos Juan Carbajal reveló cifras alarmantes sobre la extorsión en el país: en octubre se registraron 796 denuncias, un incremento constante desde julio. Estas estadísticas refuerzan el sentir de los transportistas, quienes consideran que el estado de emergencia no ha tenido impacto positivo.
Mientras el Gobierno sostiene que la prórroga es necesaria para enfrentar el crimen organizado, los transportistas y sectores críticos exigen medidas concretas y efectivas que garanticen la seguridad. La movilización convocada se perfila como un llamado urgente a las autoridades para atender la creciente crisis de inseguridad.
