Gremios denuncian la ola de extorsión y crímenes en su contra; más de 20 mil unidades dejarán de operar afectando a miles de usuarios.
Este miércoles 23 de octubre, Lima y Callao enfrentarán un nuevo paro de transportistas que podría dejar al 90 % de las unidades fuera de circulación, según afirmaron los gremios que convocan la medida. El paro, organizado en respuesta a la creciente inseguridad y extorsión que sufren conductores y empresarios del transporte, tendrá un impacto significativo en toda la ciudad, especialmente en las zonas norte y sur de la capital, así como en varias áreas del Callao.
El paro, que ha ganado un amplio respaldo en comparación con el realizado el 10 de octubre, busca visibilizar las amenazas constantes que enfrentan los transportistas, quienes exigen mayor seguridad y medidas contra la criminalidad organizada. Se estima que alrededor de 20 mil unidades de transporte público dejarán de operar, lo que afectará gravemente a los usuarios de distritos como Ancón, Puente Piedra, Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, entre otros.
Rutas afectadas y líneas involucradas
Varias líneas importantes han confirmado su participación en la paralización, entre ellas Etuchisa, conocida por su servicio de buses “El Chino”, que cubre la ruta de Ancón a Villa El Salvador, y la empresa Zeta, que conecta Huaycán con el centro de Lima. Además, otras líneas como Translima, Chimpún Callao y la Línea 39 también podrían sumarse, ampliando el impacto de la medida.
Este paro afectará las principales rutas que conectan las zonas norte y sur de la ciudad, como la Panamericana Norte y Sur, y podría generar un caos en las vías de acceso. Distritos como Ventanilla, San Juan de Miraflores y El Agustino sufrirán mayores dificultades en el transporte público.
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Movilización hacia el Congreso
Los gremios de transporte han convocado una marcha pacífica que partirá desde la Plaza Dos de Mayo hacia el Congreso de la República, donde exigirán respuestas a sus demandas. Entre sus principales reclamos se encuentra el incremento de la seguridad en las rutas y paraderos, así como penas más severas para los criminales. Asimismo, los gremios exigen la derogación de leyes que consideran perjudiciales para su labor, como la Ley 32108 contra el crimen organizado.
En caso de no ser atendidos, los transportistas advierten que las medidas de fuerza podrían extenderse hasta por 72 horas, aumentando la incertidumbre sobre el servicio en los próximos días.