Inseguridad y amenazas motivan a gremios a considerar un paro nacional
La Alianza Nacional de Transportistas y otros gremios del sector están considerando convocar una paralización nacional los días 10, 11 y 12 de diciembre, en respuesta a la creciente inseguridad y extorsiones que afectan al sector. Julio Campos, vicepresidente de la organización, anunció que una reunión clave el 27 de noviembre definirá los detalles de esta medida.
“Estamos cansados de vivir bajo esta ola de violencia. Este gobierno no ha mostrado resultados efectivos. Evaluaremos las fechas, pero todo apunta a que será en diciembre”, declaró Campos a un medio local. La decisión surge tras el asesinato de Gustavo Salazar, conductor de la empresa “El Rápido”, en San Juan de Miraflores, un hecho que ha intensificado las críticas al Ministerio del Interior.
Críticas al Ministro del Interior
Campos también exigió la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, argumentando que las estrategias implementadas para combatir la inseguridad, como el estado de emergencia, han resultado ineficaces. “El ministro prometió renunciar si no obtenía resultados. Ahora exigimos que cumpla su palabra”, afirmó.
El asesinato de Salazar, perpetrado por sicarios en una motocicleta, ha generado indignación. Testigos relatan que el conductor fue atacado mientras transportaba pasajeros. Un usuario de la unidad resultó herido, lo que agrava la sensación de vulnerabilidad entre los transportistas.
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Investigaciones en marcha
La Fiscalía Penal de San Juan de Miraflores ha iniciado una investigación preliminar para esclarecer el caso, recopilando evidencias como grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios. Paralelamente, se analizarán denuncias previas de extorsión vinculadas a la empresa “El Rápido”.
Este no es un hecho aislado. En octubre, la Policía Nacional frustró un ataque contra la misma empresa en Carabayllo, deteniendo a dos ciudadanos venezolanos con explosivos y mensajes amenazantes.
Extorsión: un problema creciente
Según datos de la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2024 se reportaron 14,220 denuncias de extorsión en el país, un incremento respecto al año anterior. Lima, La Libertad y Piura concentran la mayoría de los casos, con un promedio de 59 denuncias diarias. Sin embargo, muchas víctimas optan por no denunciar debido al temor a represalias.
La situación refleja la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y garantizar la protección de quienes deciden alzar su voz frente a este delito que desestabiliza al país.
