Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, expresó su preocupación por el aumento de la criminalidad que afecta a diversos sectores, especialmente al transporte. Durante una entrevista en el programa «Punto Final», Valeriano señaló que el crimen organizado ha atacado a su sector en los últimos seis años, con un fuerte incremento tras la pandemia. Informó que ya han ocurrido 14 atentados, con un saldo de cuatro transportistas fallecidos y amenazas constantes al gremio.
Valeriano criticó la falta de acción del Gobierno y responsabilizó al Congreso por la aprobación de la Ley N.° 32108, que, según él, ha facilitado el trabajo de los delincuentes al limitar las acciones policiales. Pidió con firmeza la derogación de dicha ley, argumentando que está empeorando la situación de inseguridad en todo el país.
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La ley N.° 32108, aprobada en julio pasado, modifica el Código Penal y las normativas contra el crimen organizado, exigiendo, entre otras cosas, que los allanamientos se realicen solo en presencia del acusado y su abogado. Valeriano hizo un llamado a la unión de los gremios para exigir reformas ante una situación que, según él, deja a los ciudadanos expuestos mientras las autoridades se protegen.
La Ley N.° 32108, aprobada por el Congreso en julio pasado, introduce cambios al Código Penal, a la ley contra el crimen organizado y a la normativa para aplicar medidas excepcionales en investigaciones preliminares. El dictamen fue aprobado en segunda votación con 12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, contando con el respaldo de partidos como Perú Libre, Bloque Magisterial y otros.
Esta ley, presentada por el congresista Américo Gonza (de Perú Libre), redefine lo que se considera una organización criminal. Ahora, para que un grupo sea catalogado como tal, debe tener una estructura compleja y capacidad operativa, involucrando a tres o más personas que actúen de manera coordinada para cometer delitos con penas superiores a seis años. Además, establece que los allanamientos solo pueden realizarse en presencia del acusado y su abogado.
El objetivo de estos cambios es regular mejor las investigaciones, pero algunos critican que limitan las acciones de la Policía en casos de crimen organizado.
