Por ahora, la situación se mantiene incierta, con posiciones divididas entre los propios transportistas respecto a la paralización del 10 de octubre
El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, ha sido enfático en su llamado al gobierno y al Congreso para tomar medidas más contundentes contra la ola de extorsiones que ha afectado gravemente al sector de transporte público. Durante una protesta realizada el 26 de septiembre, Valeriano, visiblemente emocionado, expresó su dolor por la pérdida de cuatro conductores, víctimas de la violencia del crimen organizado. «No queremos más muertes», dijo en su declaración.
Ante esta situación, el gobierno de Dina Boluarte respondió declarando el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, y anunció un proyecto de ley sobre «terrorismo urbano» junto con penas más severas contra la extorsión. En el Congreso, se conformó una mesa de trabajo con expertos en seguridad ciudadana y derecho penal, donde se presentaron propuestas para endurecer las penas por extorsión y sicariato, incluyendo la cadena perpetua. Asimismo, se programó una sesión plenaria exclusiva para impulsar leyes que refuercen la lucha contra la criminalidad.
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Sin embargo, pese a estas acciones, la delincuencia no ha cesado en las zonas bajo estado de emergencia, lo que ha generado más preocupación y descontento. A raíz de esto, diversos gremios de transporte han considerado convocar a una nueva paralización para el 10 de octubre, esta vez a nivel nacional.
Opiniones divididas
Hermán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, fue el primero en anunciar el paro en una entrevista para un medio local. Mendieta sostuvo que, pese a las medidas del estado de emergencia, la extorsión y el sicariato continúan afectando a los transportistas, y destacó que la paralización se había acordado en una reunión reciente.
Edgar Vítor, secretario de Transportes Unidos, también respaldó la decisión, afirmando que las bases a nivel nacional ya habían aprobado el paro. «Queremos ser respetuosos con las decisiones de las bases, y si se ha decidido que hay paro, debemos respetarlo», declaró.
