Afirma que no está claro el retorno de Delia Espinoza

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, respondió a las críticas surgidas tras la liberación de la ex primera ministra Betssy Chávez y descartó que el organismo que encabeza tuviera capacidad para impedir su salida del país. 

Indicó que el fallo emitido por el colegiado no contemplaba facultades para imponer restricciones adicionales, porque esa tarea corresponde exclusivamente al Ministerio Público en el marco del proceso penal.

Pacheco sostuvo que la Fiscalía contaba con herramientas procesales para solicitar controles más rigurosos luego de que se emitiera la sentencia, pero no las activó. Comentó que a Chávez se le mantuvo bajo comparecencia simple, lo que permitió que se desplazara libremente antes de que se confirmara su fuga. Afirmó que adjudicar responsabilidad directa al TC carece de sustento, ya que el juez tampoco podía variar las medidas sin un pedido fiscal.

Durante la conversación con los medios, Pacheco enfatizó que el Tribunal Constitucional no interviene en la determinación de restricciones personales y que no puede asumir obligaciones que recaen en otras instancias. Reiteró que la Fiscalía pudo requerir vigilancia adicional apenas se dispuso la liberación de la exjefa del Gabinete, aunque no formuló ningún pedido para reforzar el control.

La magistrada calificó de injustas las versiones que atribuyen al tribunal un papel determinante en la fuga. Señaló que el órgano constitucional actuó conforme al expediente, sin facultades para modificar las reglas impuestas al término de la audiencia. Además, insistió en que la responsabilidad final recae en el Ministerio Público, que no impulsó mecanismos que garantizaran la presencia de la investigada.

Al ser consultada por la situación institucional del Ministerio Público, Pacheco mencionó que continúa revisando la discusión sobre la constitucionalidad de los llamados procedimientos inmediatos. Indicó que se trata de un tema complejo que requiere un análisis exhaustivo antes de adoptar una posición definitiva. Aún así, subrayó que lo central es respetar lo que establece la Constitución y desarrollar los procesos conforme a las normas vigentes.

Precisó que en el caso de Delia Espinoza no se aplica un trámite inmediato, sino un proceso regular. Añadió que, al no existir una conclusión firme sobre el tema, corresponde a las instancias competentes seguir el curso establecido por ley. Evitó opinar sobre resoluciones judiciales relativas al retorno de Espinoza al cargo porque, según dijo, aún no ha revisado los documentos emitidos.