Rutas de Lima reclama que la Municipalidad de Lima construya una vía alterna para acatar el fallo que suspende el cobro de peaje en Puente Piedra. El Tribunal Constitucional responsabiliza a ambas partes de garantizar el libre tránsito.
La empresa concesionaria Rutas de Lima ha reiterado su pedido a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para que cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra. La medida fue dictada en marzo y exige la construcción de una vía alterna para garantizar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
La resolución del TC señala que el peaje en la zona de Chillón debe permanecer suspendido hasta que se construya una nueva ruta que permita a los usuarios desplazarse sin restricciones. Según Rutas de Lima, dicha responsabilidad recae exclusivamente en la Municipalidad, ya que las competencias de la concesionaria se limitan a la operación dentro del área concesionada.
Por su parte, la Municipalidad de Lima solicitó al TC una modificación en el texto de la sentencia, argumentando que la suspensión del cobro debería depender de dos factores: la eliminación de las restricciones al tránsito y el esclarecimiento de posibles irregularidades en el contrato de concesión. Sin embargo, el Tribunal desestimó este pedido, reafirmando que ambas entidades son responsables de solucionar las vulneraciones al derecho fundamental de libre tránsito.
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En respuesta a los reclamos, el Tribunal Constitucional dejó claro que la MML debe encargarse de construir las vías alternas necesarias, mientras que Rutas de Lima debe adecuar su área de concesión para facilitar el tránsito vehicular. Además, rechazó las solicitudes de aclaración presentadas por ambas partes, enfatizando que las responsabilidades ya estaban claramente establecidas en la resolución inicial.
El conflicto entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima ha generado un fuerte debate sobre la gestión de los peajes en la capital, mientras los usuarios continúan enfrentando inconvenientes por la falta de vías adecuadas. La controversia también ha puesto de relieve la necesidad de coordinación entre las autoridades municipales y las empresas concesionarias para garantizar los derechos de los ciudadanos.
