Por: Ángel Delgado Silva / Aunque el avispero político se zarandea al viento, gracias a la revelación del rosario de coimas presidenciales, no menos importante, para el futuro del país, ha sido el voto de rechazo al denominado Acuerdo de Escazú, por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de la Republica. Ateniendo a los procedimientos parlamentarios y tras escuchar por más de tres meses a las voces en pugna, la representación nacional culminó, de esta manera, el proceso exigido para la ratificación de un tratado, según el Art. 56º constitucional.
La grita caviar no puede ensombrecer esta clara victoria democrática y popular. Al contrario, saca a luz su profunda desazón por el negocio que escapa de sus manos. La caterva de ONGs seudo-ambientalistas soñaban–desde meses atrás– con el jugoso financiamiento internacional que se aprestaban a recibir, so pretexto de implementar el tratado, capacitar a los funcionarios, sensibilizar a la población, etc. Comprendemos su fenicio dolor; pero, en esta oportunidad, el Perú no sucumbió a sus cantos de sirena y dijo: ¡No a Escazú!.
¡De una buena nos hemos librado!. Si el Parlamento hacía suyo el convenio, las cuestiones medioambientales y sus controversias se enredarían en una maraña judicial para resolverse, finalmente, fuera de las fronteras nacionales. Cualquier proyecto de desarrollo, público o privado, podría ser vetado por las ONGs disfrazadas de “público”, novísimo concepto absolutamente laxo e indeterminado. Al convertir los derechos ambientales en derechos fundamentales, se abriría la jurisdicción constitucional con sus procedimientos sumarísimos, en detrimento de la complejidad controversial que demanda un análisis más profundo, a través de las reglas del derecho ambiental peruano y los trámites de su correspondiente jurisdicción especializada.
Si conocimos los conflictos de Tambogrande, Conga, Tía María, etc, sin Escazú, imagínense si éste estuviera vigente. Los organismos internacionales, con sus ideologías globalista radicales, campearían a sus anchas por todo el territorio, con la complicidad neocolonial de la ONGs, para destrozar cualquier ensayo de aprovechar nuestros recursos naturales en pro del progreso del país y el bienestar popular. Al trasnacionalizar nuestra riquezas naturales quedaríamos expuestos, en última instancia, a la voluntad de las grandes potencias de la escena internacional. Y, ¡adiós soberanía!.
Felizmente supimos reaccionar y sacamos el tema de los escondrijos desde donde se pretendía aprobar, a espaldas de los peruanos, mientras nos afligía la pandemia y la bancarrota económica. Este artero plan del Gobierno y sus aliados fue descubierto. Y así pudimos polemizar con sus epígonos desenmascarando sus propósitos antinacionales. Demostramos que sus ideas no son invulnerables y que flaquean por todos lados. ¡Qué es posible derrotarlos si los enfrentamos sin complejos y con valor!
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