Ricardo Sánchez Serra
Gran revuelo ha causado la carta que enviaron cuatro jefes de misiones diplomáticas al presidente del Congreso de la República, en la que muestran su preocupación por la aprobación de la Ley N° 31018 “que dispone la suspensión del cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia por la COVID-19”.
Los embajadores Ralph Jansen (Canadá), Diana Nelson (Australia), Antoine Grassin (Francia) y María Claudia Mosquera (Colombia), se dirigieron cortésmente y respetando la soberanía del país, mostraron su preocupación al mandamás del Legislativo por la citada Ley, que afecta a las empresas de su país y a su sostenibilidad, porque esa norma de excepción dure sine díe.
Así como deben proteger a sus ciudadanos, los representantes extranjeros deben velar por las corporaciones de sus naciones. Y en este caso, por más que sea una situación de contingencia, el Congreso se sobrepasó al poner en peligro la seguridad jurídica y contractual, la imagen del Perú y las inversiones, que tienen una trascendencia superior.
El Parlamento debió convocar a las empresas y llegar a un acuerdo, más no imponer manu militari un ucase. En sociedades democráticas se conversa, se dialoga, se concierta.
A mi entender las embajadas han salido en defensa de las inversiones de las empresas de sus países. Es parte de su trabajo, reitero. No hay vuelta que darle.
Antiguamente, cuando un embajador quería hablar con un ministro de Estado, era a través de la Cancillería. En los tiempos modernos ha quedado en desuso, ya no es así.
Cabe mencionar que, en algunos países, las embajadas transmiten sus preocupaciones al Decano del Cuerpo Diplomático y este, a su vez, a la Cancillería. En algunas naciones se hace, en otras no. ¿Todo tiene que ser a través de la Cancillería? De acuerdo a la Convención de Viena sí, pero ¿se hace siempre así? Seguirá la polémica, pero hay que tener en cuenta que son países amigos y con excelentes relaciones.
Puede ser que los embajadores se hayan equivocado en el procedimiento, pero jamás en el fondo.
Si las embajadas hubieran acudido a la Cancillería y esta, a su vez, trasladar la misiva al Parlamento. ¿Hubiera tenido el mismo impacto y la debida atención? La Cancillería hubiera actuado, estamos seguros, en forma expeditiva. Pero, ante el secretismo, el Congreso podría hacerla “dormir el sueño de los justos”, por su antecedente populistoide.
Hubo reacciones hepáticas de algunos legisladores que las citadas embajadas hacían un “acto de presión” o vulneraban “los asuntos internos”. Nada más lejano a ello.
Los propios diplomáticos reconocen que la intención del Congreso era proteger a la ciudadanía y su economía, de los estragos del virus chino, pero también hacen ver, reitero, que las citadas empresas puedan por necesidad quebrar “sino que, además, por falta de liquidez, se verán imposibilitados de brindar servicios esenciales como la operación y mantenimiento de las vías, y brindar servicios de auxilio vial al no contar con los recursos para ello. Todo esto en directo perjuicio a miles de trabajadores directos e indirectos y a la población usuaria de las vías (…).
Es seguro que los embajadores serán convocados a la Cancillería. El Congreso también los citará, espero para escucharlos y no para retarlos. Para la evaluación del caso, tienen que tomar en cuenta que son países amigos, importantes, con inversiones en el Perú, que sus intenciones han sido honestas y justas y en defensa de sus compatriotas.
Hay que pensar en el futuro, en las relaciones bilaterales y preservar la imagen del Perú en el concierto internacional.
(*) Analista internacional.
