Vela y Pérez armaron complot contra Keiko

También buscaban beneficiar a Martín Vizcarra

La acusación a Keiko Fujimori por el caso Cócteles y el blindaje al expresidente Martín Vizcarra por el caso Chincheros habrían sido producto de negociaciones y reuniones secretas en el Ministerio Público para perjudicar a uno y beneficiar a otro.

Jaime Villanueva, colaborador eficaz de la fiscalía contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, brindó explosivas declaraciones ante el Ministerio Público que pone en duda toda la investigación del fiscal José Domingo Pérez y del entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y ha generado todo un terremoto en esta entidad controlada por la llamada izquierda caviar.

En su declaración el pasado 30 de enero, reveló en el caso contra Keiko Fujimori hubo todo un acuerdo para designar a José Domingo Pérez, quien acusó a Keiko Fujimori por los supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Por este caso, la Fiscalía solicita una condena de 30 años y 10 meses de cárcel para la lideresa de Fuerza Popular, por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la corrupta constructora Odebrecht y otras fuentes para sus campañas del 2011 y 2016.

En su testimonio, al que accedió, en exclusiva, el programa ‘Milagros Leiva, Entrevista’, Villanueva dijo que él mismo «entrevistó» al fiscal José Domingo Pérez y le propuso a Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, que Pérez se integre al Equipo Especial Lava Jato y, de esta manera, asuma el caso Cócteles, siempre y cuando no perdiera su «bono».

«Vino José Domingo, lo entrevisté, conversé con él, le pregunté si estaría dispuesto y me dijo que sí, y con eso fui y le propuse a Pablo, me dijo que sí, que Vela lo proponga porque tenía que ser de lavado, hablé con Rafael y él lo propuso, pero José Domingo había puesto como condición para ir a lavado en no perder su bono que tenía como fiscal anticorrupción, entonces, tuvieron que hacer una serie de malabares administrativos para que el señor vaya con su bono», relató el exasesor de Benavides.

Agregó que Pérez «se hizo caso del caso Cócteles», a la vez que remarcó que quien realmente dirigía esta investigación era el periodista de la ONG IDL Gustavo Gorriti.

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Asimismo, Villanueva aseveró que Domingo Pérez iba a verlo para que esté al tanto de las investigaciones, después del año 2017, y que, incluso, se reunieron un día antes del allanamiento al local de Fuerza Popular.

Una prueba de que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela formaban parte de esta campaña contra Keiko se remonta a mayor de 2020. En ese momento, el fiscal Vela cuestionó la decisión del Poder Judicial de liberar a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. Por ello, fue suspendido por 8 meses y 15 días.

«Incurrió en acción u omisión que, sin ser delito, compromete gravemente los deberes del cargo, comentó aspectos procesales que se estaban llevando a cabo en un proceso en curso, así como interfirió en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado” , se lee en el documento de sanción a Vela.

De otro lado, según la versión de Jaime Villanueva, Pablo Sánchez archivó el caso ‘Chinchero’ para que Martín Vizcarra se haga cargo de la Presidencia de la República.

De acuerdo con el testimonio del exasesor de Patricia Benavides, Sánchez «coordinó», en 2018, por medio de su entonces asesor Alejandro Silva, el archivamiento de la investigación contra Vizcarra por los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.

«Antes de que se produzca la vacancia de Vizcarra, a través de un asesor de Pablo Sánchez de nombre Alejandro Silva, quien tenía un estrecho vínculo con el congresista César Villanueva, que era el que coordinó todo para que Vizcarra sea presidente; ahí se coordinó para que Pablo archive el caso Chinchero y Vizcarra no tenga ningún problema en ser presidente», confesó Villanueva.

«En ese tiempo, Pablo Sánchez me comentó que antes o al poco tiempo de que Vizcarra asumiera la Presidencia se habían reunido», agregó.

En efecto, en 2018, Pablo Sánchez Velarde archivó la investigación contra el vacado exdignatario por la aprobación de una irregular adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero (Cusco).


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