Pero régimen militar terminó pagando millonaria indemnización
A los seis días de instalado el nuevo régimen dictatorial de Juan Velasco se anuló el Acta de Talara y se nacionalizó lo que detentaba la International Petroleum Company. Aquel 9 de octubre fue declarado el día de la Dignidad Nacional.
El 9 de octubre de 1968, Velasco ordenó la toma de las instalaciones de la IPC en Talara, incluyendo la refinería, operación que realizaron las fuerzas de la Primera Región Militar con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga.
Este hecho tuvo un gran impacto favorable en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder. La fecha del 9 de octubre se celebró durante los años que duró el gobierno militar como el Día de la Dignidad Nacional, siendo abolida tras la restauración democrática de 1980.
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La IPC entabló un proceso al Estado peruano reclamando sus intereses, pero finalmente, el gobierno peruano dispuso el embargo y expulsión definitiva de la empresa, el 1 de febrero de 1969.
La IPC perdió el resto que le quedaba: su condominio en Concesiones Lima y su red de distribución de combustibles. El valor de los bienes expropiados se cargó contra el monto del presunto adeudo tributario de la empresa.
Aunque Velasco anunció reiteradamente que no pagaría ni un centavo de reparación a la IPC, dicha compañía pudo resarcirse 22 millones de dólares a cuenta de las expropiaciones, de la siguiente manera: remesó hasta 5 millones de dólares por concepto de deudas concertadas en el exterior, y dejó de pagar a la Empresa Petrolera Fiscal unos 17 millones de dólares por los servicios de refinamiento en la ya nacionalizada refinería de Talara.
Cuando finalmente la IPC fue intervenida, las autoridades peruanas se dieron con la sorpresa de que todas sus cuentas estaban en rojo, no hallando nada para hacerse de algún pago.
Es más, fue de conocimiento público el llamado Convenio De la Flor-Greene, firmado entre el gobierno peruano y el estadounidense el 9 de agosto de 1973, por el que se acordó que el Perú pagaría una indemnización global de 76 millones de dólares a todas las compañías estadounidenses o de propiedad de estadounidenses que habían sido expropiadas por el gobierno peruano.
Si bien el gobierno militar fue tajante al afirmar que la IPC (que era filial de la ESSO Standard), no estaba incluida entre esas empresas, lo cierto es que el convenio estipulaba que la repartición de todo ese monto indemnizatorio era de exclusiva competencia del gobierno de los Estados Unidos.
Y en ejercicio de esa atribución, el Tesoro estadounidense, con fecha 18 de diciembre de 1974, pagó a la ESSO Standard más de US$ 23.157.000. Es decir, desmintiendo la afirmación del gobierno militar, la IPC llegó realmente a ser indemnizada, y esta operación se dio dejando a ambas partes satisfechas.
Cabe señalar que, para pagar esa indemnización global de 76 millones de dólares, el gobierno peruano obtuvo un préstamo de bancos privados de los Estados Unidos.
En cuanto a los adeudos que la IPC tenía con el Estado (que contando desde el año 1924 se estimaban en US$ 690.524.000), estos nunca se pagaron.
Con respecto a los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, estos se encontraban ya en franca declinación productiva. La misma refinería de Talara ya para entonces estaba muy obsoleta, y su capacidad de procesamiento era solo de 40.000 barriles diarios. Teniendo como base todo ello, el gobierno militar creó la entidad estatal Petróleos del Perú (PETRO-PERU).
