Jueza desacata la ley y declara inaplicable norma que fiscaliza la cooperación internacional

 

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) y resolvió declarar inaplicables varios artículos de la Ley 32301, las cuales buscan fiscalizar y transparentar la cooperación técnica internacional y el accionar de las organizaciones no gubernamentales en el país.

El fallo declara inaplicables para el IDL los artículos 4.u, 21.b.4 y el segundo párrafo del 21.c.2 de la Ley 27692, modificada por la Ley 32301. Estas disposiciones establecían, entre otras cosas, la conformidad previa de la APCI para ejecutar proyectos y la prohibición de usar fondos de cooperación para financiar acciones legales contra el Estado peruano.

Según la sentencia de la jueza Rocio del Pilar Rabines Briceño, dichas normas vulneraban los derechos fundamentales a la asociación, a la defensa y a la petición. El juzgado consideró que estos artículos restringían la autonomía de las organizaciones sin fines de lucro y limitaban su capacidad de representar a personas frente al Estado en instancias judiciales y administrativas.

En cambio, la demanda fue declarada infundada respecto de los artículos referidos a infracciones administrativas, multas y sanciones, así como improcedente en cuanto a los artículos que definen las funciones generales de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Cabe señalar que esta norma fue aprobada debido a que las ONG no rinden cuentas de los más de 400 millones de dólares que reciben cada año de la cooperación internacional, incluso parte de este dinero es utilizado para perseguir a militares y policías y promover ideologías de la izquierda, entre ella del enfoque de género, contrario a las políticas del Estado.

Al respecto, el congresista Fernando Rospigliosi criticó duramente al Poder Judicial por este vergonzoso blindaje que pone freno a la transparencia de la cooperación internacional.

A través de sus redes sociales, el parlamentario sostuvo que el sistema judicial actúa de manera discrecional y responde a intereses ideológicos antes que al marco legal vigente.

“El Poder Judicial no aplica las leyes que no le gustan a la mafia caviar precisamente porque está controlado por la mafia caviar. El PJ TIENE que aplicar las leyes que el Congreso aprueba y el Gobierno promulga. Así funciona la división de poderes. Pero eso no ocurre en el Perú. Hay que barrer el PJ. Soluciones radicales”, señaló Rospigliosi.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante indicó: “El Poder Judicial, capturado por intereses ideológicos, desconoce la Ley ACPI y dicta una sentencia prevaricadora en favor de la ONG IDL”.

“Desde hace años, una cúpula ideologizada ha capturado el Poder Judicial, convirtiéndolo en un instrumento prevaricador al servicio de los intereses de una élite oenegera. La reforma del sistema de justicia ya no es una opción, es una necesidad histórica para liberar a esta institución de quienes la han secuestrado y devolverla al servicio del país y del Estado de Derecho”, añadió.

A su turno, el exlegislador Carlos Tubino también rechazó la sentencia y cuestionó que “con fondos del exterior se persiga a militares que combatieron el terrorismo”.