Orquestaron un linchamiento, una cacería, sin importarles arruinar la vida de las personas, señala abogado Vicente Silva Checa

 

Valeria Ponce

El abogado Vicente Silva Checa anunció que presentará una denuncia penal contra José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba por haber utilizado el Ministerio Público para desatar una persecución política y enviar a prisión a personas inocentes a las que les arruinaron la vida, con el único objetivo de destruir a figuras políticas y partidos como Fuerza Popular y el Apra. Silva Checa fue incluido en el Caso Cócteles y estuvo en prisión preventiva hasta que una Sala declaró fundada su apelación.

 

— Usted ha anunciado que presentará una denuncia penal contra el fiscal José Domingo Pérez, el fiscal Rafael Vela y el juez Concepción Carhuancho. ¿Contra quién más se dirige esta denuncia y con qué objetivo?

También contra el juez Zúñiga. Yo estoy preparando la denuncia, que voy a iniciar; es una denuncia penal. Se demora un poco porque hay que tener mucho cuidado en los términos de la denuncia, por supuesto, pero es una denuncia que se va a presentar en los próximos días. El propósito de esta denuncia es que se esclarezcan los hechos, se ponga en evidencia qué fue lo que ocurrió desde el punto de vista político y social, más que personal. O sea, yo no tengo ningún interés personal, claro que es importante la búsqueda de la justicia, y eventualmente el resarcimiento económico, pero lo fundamental es que se esclarezcan los hechos y, sobre todo, que no vuelva a pasar. El gran problema que hay aquí es que, como se han hecho estas imputaciones injustas contra este grupo de personas, otras imputaciones que tienen una naturaleza distinta pasan como si fueran lo mismo. O sea, me refiero a las imputaciones contra el doctor Toledo, contra Martín Vizcarra, contra Susana Villarán, que han recibido coimas, han recibido dinero de empresarios para torcer su voluntad en la contratación de obras públicas. Es algo totalmente diferente al hecho de que personas honorables, como el señor Dionisio Romero, hayan apoyado a Fuerza Popular con dinero, que es un acto voluntario de una persona que ha apoyado a un partido político.

 

— Usted sostiene que su proceso judicial tuvo motivaciones estrictamente políticas. ¿En qué momento considera que la investigación dejó de ser técnica y se convirtió en lo que llama una persecución?

Desde el principio se iniciaron estos procesos de lavado de activos por aporte de campaña. Había un acuerdo, un concierto de voluntades entre jueces, fiscales y periodistas para hacer de esto una campaña contra el partido político respecto al cual había interés en causar un daño. Así se inició un proceso contra Fuerza Popular, se inició un proceso contra el APRA, contra Castañeda, con imputaciones que el TC ha confirmado que no correspondían. Era algo que muchos abogados advirtieron, pero el poder que tenían esos fiscales, jueces y periodistas era tal que fue como un linchamiento; no había oportunidad de contestar esas imputaciones de manera justa. Así se producen las detenciones preliminares y detenciones preventivas de muchas personas, entre las cuales estaba yo, pero yo era el menos importante, por supuesto; la más importante era Keiko Fujimori, el señor Castañeda y, por supuesto, el señor Alan García.

 

— ¿Qué nombres de fiscales, jueces y periodistas destacan dentro de esta persecución?

Los fiscales más destacados fueron el doctor Vela, José Domingo Pérez; también hubo otros adjuntos de ellos, y fiscales que iban a su lado, como el fiscal Germán Juárez. Entre los jueces, por supuesto, el juez Concepción Carhuancho, el juez Chávez Tamariz, el juez Zúñiga Urday. Entre los periodistas, la más conocida es Romina Mella. Era un combo grande de personas que actuaron en concierto, dirigido por alguien que hay que determinar quién es, pero que claramente es arbitrario y abusivo en contra de personas a las cuales les causaron un daño muy grande, personas que pasaron meses y meses en prisión, como Keiko Fujimori y otros, a los cuales les cambiaron la vida.

 

— ¿Cómo evalúa el papel del fiscal José Domingo Pérez en su caso y en los de otros investigados del entorno de Fuerza Popular?

Pérez Gómez ha sido un fiscal muy abusivo. Ha usado su poder, evidentemente, con imputaciones absolutamente falsas y, en el transcurso del tiempo, ha ido transformando su personalidad para convertirse en un agente político. En las audiencias, Pérez Gómez insultaba a los acusados, no teniendo la objetividad que se le exige a un fiscal, el fiscal no debe ser imparcial, es parcial porque su función es acusar, pero debe hacerlo con objetividad. Pérez Gómez se enfrascaba en conversaciones a gritos con los abogados en las audiencias, y ahora, cuando sale en la televisión a defender a Pedro Castillo, pone en evidencia su verdadera personalidad.

 

— ¿Qué responsabilidad concreta le atribuye a Rafael Vela como entonces fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato?

Vela es el responsable de lo que ha hecho Pérez Gómez, que es una persona que, por supuesto, tiene un conocimiento del derecho muy superior al que tiene Pérez Gómez. Debió haber orientado y detenido a Pérez Gómez en esa acción; sin embargo, lo incentivó, lo apoyó, y es finalmente el responsable de toda la acción de Pérez Gómez. Como director de orquesta, es responsable de lo que hacen los músicos.

 

— Usted sostiene que, a diferencia de su caso, sí existen coimas comprobadas en los casos de Toledo, Vizcarra y Villarán. ¿En qué evidencias concretas se basa esa afirmación?

Las pruebas contra el señor Toledo, contra el señor Vizcarra y la señora Villarán son palmarias, están en los procesos. En el caso de Toledo, están en las transferencias de dinero a través de Ecoteva, que es público y notorio. En el caso del señor Vizcarra, varias personas, de manera coincidente y coherente, han descrito cómo lo sobornaron para la obtención de dos obras, razón por la cual Vizcarra está condenado, y en el caso de Susana Villarán, ella admitió haber recibido 13 millones y medio de dólares, aparentemente dentro del proceso de la revocatoria, pero en ese momento ella era alcaldesa de Lima y tenía contratos con esas empresas, contratos que estaban siendo renegociados, que es ampliamente conocido.

 

— Casi una década después de que se abrió el caso Cocteles, ¿cómo evalúa el estado actual del sistema de justicia? ¿Siente que sus derechos de defensa fueron respetados?

No fueron respetados en absoluto, y lo único que eso pone en evidencia es que el sistema de justicia y el sistema fiscal deben ser reformados a profundidad. Serán las autoridades, el Congreso, las autoridades de control y, por supuesto, la Junta Nacional de Justicia, las que deben tomar las acciones para corregir estas irregularidades, con el propósito de que no se vuelvan a repetir. O sea, la política de autoridades fiscales y judiciales que manejan los expedientes a su gusto cuando tienen una posición política distinta.

 

— Con la disolución o reestructuración del Equipo Especial Lava Jato, ¿considera que el país cierra una etapa de excesos judiciales o que solo cambian los actores manteniendo las mismas prácticas?

Yo confío en el fiscal de la Nación, observo que tiene las ideas claras, y estoy seguro que él va a corregir las cosas. Lo que él ha dicho sobre el equipo Lava Jato es lo mismo que le estoy diciendo yo ahora, el fiscal de la Nación ha reconocido que el grupo Lava Jato ha accionado con criterio político y no técnico. Eso es algo que ha afirmado el fiscal de la nación en días pasados, y lo hace sin darnos la razón directamente a nosotros, pero coinciden con el pensamiento que tengo yo, que ha habido una persecución que ha alterado gravemente el rumbo político del Perú en los últimos diez años, convirtiéndose en una cacería de políticos lo que debía ser un debate político racional y lógico, arruinándole la vida a personas. Por ejemplo, el ingeniero Yoshiyama Tanaka, ha estado un año y medio en la cárcel; en el caso de Keiko Fujimori, 500 días en un infierno como es el penal Santa Mónica, y, por supuesto, el doctor García, que terminó con su fallecimiento.