El presidente de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuzcano, advirtió que más de 100 procesos judiciales por crimen organizado y corrupción podrían afectarse con una mayor demora, entre ellos los casos de Susana Villarán, Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
Esto, debido a la Ley N° 32130, que faculta a los acusados impugnar el auto de enjuiciamiento que dispone el inicio del juicio oral de un caso.
El juez recordó el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es procesada por recibir aportes ilícitos para sus campañas municipales. Su auto de enjuiciamiento fue objeto de impugnación por algunos abogados, ya que el caso comprende a 21 acusados, 10 personas jurídicas encausadas y 16 terceros civilmente responsables.
El juicio contra todos estos acusados se iniciará una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto.
Otros casos que se encuentran en trámite en su jurisdicción son los que involucran al expresidente Alejandro Toledo, quien ya fue sentenciado y está en apelación, así como los procesos seguido contra Martín Vizcarra, que está en trámite, y el juicio oral contra el exmandatario Ollanta Humala, que está en la fase de alegatos finales.
El magistrado explicó que estos casos se encuentran, actualmente, en la etapa intermedia (control de la acusación fiscal) del proceso penal, fase posterior a la investigación preparatoria.
Estos procesos son de mucha complejidad y con un gran número de procesados, 30 o más en algunos casos, así como incluyen personas jurídicas (empresas), multiplicidad de delitos, que demandan mucho tiempo y dedicación de los magistrados y del personal jurisdiccional y administrativo.
En ese sentido, Contreras recordó que los abogados de los investigados alegan incidentes procesales, así como presentan recursos de apelación, recusaciones y nulidades, que llegan en casación hasta la Corte Suprema.
Si bien remarcó que esto forma parte de la garantía del derecho a la defensa, alertó que contribuyen a la dilación del proceso.
Respecto a las consecuencias de esta norma, indicó que, una vez culminada la etapa intermedia y emitido el auto de enjuiciamiento, este puede ser impugnado por las partes procesales, según lo estipula la ley.
“Ello significaría que (la apelación) se eleva a la Sala Penal (de Apelaciones) para su decisión y con ello se culminaría, pero generaría una fase que antes no teníamos, eso implica una demora en el caso”, advirtió.
Remarcó que la apelación del auto de enjuiciamiento impide al colegiado a cargo de un determinado caso que recibe el expediente, iniciar de forma inmediata el juicio oral.
El magistrado recordó que, antes de la vigencia de la Ley 32130, una vez que se emitía el auto de enjuiciamiento el tribunal o colegiado fijaba fecha para el inicio del juicio oral y este se iniciaba como correspondía.
“Ahora tenemos que, al ser apelado, implica que primero tiene que resolverse la apelación como corresponde, y, posteriormente, continuar con el inicio del juicio oral”, cuestionó.
