Expertos señalan que la escuela no puede enfrentar sola un problema que se origina principalmente fuera de las aulas y requiere el compromiso de familias, autoridades y comunidades.

La violencia contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país. Solo durante 2025, el Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 43.855 casos de violencia contra niñas y adolescentes, una cifra que equivale a aproximadamente 120 denuncias diarias.

De acuerdo con los registros oficiales, 19.692 casos correspondieron a violencia sexual, 14.155 a violencia psicológica y 9.870 a violencia física. Asimismo, entre 2021 y 2025 se atendieron más de 295 mil casos de violencia contra menores de edad en todo el territorio nacional.

Frente a esta realidad, especialistas advierten que la prevención no puede recaer únicamente en las instituciones educativas. Aunque los colegios cumplen un papel fundamental en la detección temprana de situaciones de riesgo y en la promoción de entornos seguros, gran parte de los episodios de violencia se produce fuera del ámbito escolar.

«La escuela puede contribuir a identificar señales de alerta y brindar acompañamiento, pero no puede reemplazar el rol de la familia ni de los sistemas de protección social», sostienen expertos en salud mental y desarrollo infantil.

Diversos estudios y organismos internacionales han advertido que la violencia contra la niñez sigue siendo un problema persistente en el Perú. Factores como la normalización de los castigos físicos, la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana y las dificultades de acceso a servicios de apoyo continúan afectando el bienestar de miles de menores.

A ello se suma el incremento de la criminalidad. Registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) reportaron durante 2025 la muerte violenta de 78 niños y adolescentes, la cifra más alta registrada en los últimos años.

Ante este escenario, distintas organizaciones vienen impulsando iniciativas que buscan fortalecer factores de protección mediante actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Una de ellas es la campaña regional “Cambiemos el Juego”, promovida por Plan International, que promueve el deporte como una herramienta para fortalecer la autoestima, el liderazgo y la capacidad de niñas y adolescentes para desenvolverse en entornos seguros.

El deporte no solo promueve el bienestar físico y emocional, también representa una oportunidad de desarrollo para miles de niñas», señaló Víctor García Hernández, representante de Plan International Perú.

La organización impulsa además el programa “Juegos por la Igualdad”, una iniciativa que involucra a estudiantes, docentes y padres de familia en regiones como Piura, Loreto y Cusco. Durante el último año, el programa alcanzó a más de 17 mil escolares mediante actividades deportivas y sesiones educativas orientadas a prevenir la violencia y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

La experiencia internacional respalda este enfoque. En diversos países europeos se han implementado programas que utilizan el deporte como herramienta para fortalecer habilidades socioemocionales, prevenir conductas violentas y generar entornos seguros para la niñez y adolescencia. Estas iniciativas incluyen capacitaciones para entrenadores, protocolos de protección y participación activa de las familias y comunidades.

Especialistas coinciden en que la práctica deportiva contribuye al desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, el autocontrol, la resolución pacífica de conflictos y el liderazgo, factores que ayudan a reducir situaciones de riesgo y fortalecen la capacidad de los menores para enfrentar contextos adversos.

Organismos internacionales también destacan que la lucha contra la violencia infantil requiere una respuesta articulada entre educación, salud, justicia, protección social y gobiernos locales. La prevención efectiva demanda acciones coordinadas que involucren a toda la sociedad.