Dirigentes del sector denuncian falta de acciones efectivas del Gobierno frente a la creciente ola de extorsiones y crímenes. En Villa El Salvador, un colectivo fue incendiado como parte de estas amenazas.
La inseguridad que azota al sector transporte ha alcanzado niveles alarmantes. En la última semana, una miniván fue incendiada con pasajeros a bordo, mientras que un bus fue asaltado violentamente. Ante esta situación, los transportistas evalúan organizar una gran movilización nacional para febrero, en demanda de medidas que enfrenten eficazmente la delincuencia.
Walter Carrera Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), señaló que la creciente violencia refleja la incapacidad del Gobierno, especialmente del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para frenar el accionar de las mafias que atemorizan al país. “No vemos estrategias claras para combatir estas redes criminales. El Estado está ausente, y nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias”, enfatizó.
Carrera adelantó que el 15 de enero se realizará un foro en conjunto con el Colegio de Abogados para discutir las leyes que, según los transportistas, favorecen a los delincuentes en lugar de proteger a los ciudadanos. Asimismo, mencionó que la movilización nacional está programada tentativamente para el 15 de febrero.
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Ataques en Villa El Salvador
El impacto de la delincuencia fue evidente la noche del pasado 4 de enero, cuando un colectivo informal fue incendiado en pleno cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Jorge Chávez, en Villa El Salvador. Según el informe policial, el ataque habría sido consecuencia de la negativa del conductor a pagar un cupo exigido por extorsionadores, dejando dos personas heridas y el vehículo completamente destruido.
Este hecho forma parte de un preocupante aumento del 35% en homicidios registrados en 2024 respecto al año anterior, un panorama agravado por la falta de resultados del estado de emergencia declarado en 13 distritos de Lima y Callao.
Estrategias fallidas y críticas al Gobierno
Pese a la implementación del estado de emergencia, los delitos continúan creciendo. Según el especialista en políticas públicas Miguel Villaverde, la medida no solo carece de objetivos claros, sino que también evidencia la deficiencia en inteligencia e investigación criminal. “Hay un asesinato cada cuatro horas. Esto no es solo una cifra, es una realidad que genera desconfianza y deslegitimación hacia el Gobierno y sus autoridades”, indicó.
Con la proximidad del fin de la medida el 11 de enero, la falta de resultados palpables aumenta la incertidumbre, dejando a los transportistas y ciudadanos vulnerables frente a un sistema que, según denuncian, no prioriza su seguridad.
