Exigieron que se cumplan las promesas hechas sobre educación para sus hijos, vivienda y pensiones de orfandad
La implementación del Plan de Acción Saweto, diseñado tras el trágico asesinato de cuatro líderes indígenas en 2014, fue evaluada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por la legisladora Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático – Juntos por el Perú).
Las viudas de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, fallecidos hace una década en la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, exigieron que se materialicen completamente las promesas de educación para sus hijos, vivienda y pensiones de orfandad que aún están pendientes.
Andrés Arévalo Pérez, presidente de la comunidad indígena de Saweto, hizo hincapié en que el Estado se comprometió a implementar medidas intersectoriales para abordar las necesidades fundamentales y brindar protección a la comunidad, además de asegurar la justicia adecuada por el homicidio de los cuatro líderes indígenas en 2014.
Isaac Mita Alanoca, congresista representante de Perú Libre, destacó la importancia crítica de desarrollar planes de seguridad estratégicos para la región amazónica de Ucayali. Especialmente enfocados en su zona fronteriza, donde opera una amplia gama de actividades ilegales, incluyendo la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de drogas, entre otras. Mita Alanoca enfatizó la necesidad urgente de abordar estos desafíos de seguridad para proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad de la población local.
Francis Paredes Castro, parlamentaria por Podemos Perú, planteó la necesidad de cerrar las brechas lingüísticas y promover la coordinación entre las distintas instancias gubernamentales en beneficio de las comunidades indígenas de Ucayali y de toda la región amazónica. Su propuesta apunta a garantizar que cada nivel de gobierno sea capaz de entender las necesidades específicas de estas comunidades y trabajar de manera conjunta para resolver sus problemas y promover su desarrollo integral.
Además, mencionó la importancia de implementar todas las disposiciones establecidas en el Convenio 169 con el fin de restablecer los derechos de las comunidades, garantizando así que su participación sea genuinamente eficaz y significativa en los procesos pertinentes.
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