Fiscalía de la Nación presentó denuncia constitucional contra vacado expresidente
El Poder Judicial está listo para resolver la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) para ser reconocida como parte agraviada en el caso ‘Richard Cisneros’. En este proceso, la PGE ha pedido que el expresidente Martín Vizcarra pague una indemnización provisional de más de medio millón de soles.
En este caso, se considera al exmandatario como autor del presunto delito de tráfico de influencias, debido a la contratación supuestamente irregular de Richard Cisneros a través del Ministerio de Cultura. También se incluye en este proceso a la exministra de dicho sector, Patricia Balbuena.
El juez Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó los argumentos de la Procuraduría, del Ministerio Público y de la defensa legal del exmandatario.
La primera instancia mencionada, representada por Percy Peñaloza, solicitó que se declare procedente su pedido de constituirse como actor civil en este caso.
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Indicó, asimismo, que al exmandatario debe imponérsele el pago de una indemnización provisional ascendente a 575 mil 400 soles.
El Ministerio Público, a su vez, representado por el fiscal Jaime Velarde, coincidió con los planteamientos de la Procuraduría.
La defensa legal de Vizcarra, encabezada por el abogado Jonathan Correa, solicitó que la pretensión de la Procuraduría General sea declarada inadmisible.
Después de escuchar las argumentaciones, el juez Checkley indicó que enviará la resolución sobre este caso a las partes involucradas a través de sus correos electrónicos.
Como se recuerda, Richard Cisneros, conocido artísticamente como ‘Richard Swing’, fue contratado por el Ministerio de Cultura para realizar consultorías para las que no estaba capacitado, recibiendo pagos elevados. Se señaló que esto habría sido dispuesto por el expresidente Vizcarra.
De otro lado, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra.
La entidad cuestiona la relación entre Vizcarra Cornejo y empresas privadas mientras este se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el mandato de Pedro Pablo Kuczynski.
El entonces funcionario no habría renunciado a sus acciones en la compañía CyM Vizcarra S. A. C. Ingenieros Contratistas. Por este caso, el Congreso de la República inhabilitó al exmandatario, en el 2022, para ejercer cargos públicos.
