Le reducirán pago de reparación civil y seguirán contratando con estado
REDACCIÓN
Tal como lo adelantó LA RAZON, el Gobierno publicó el reglamento de la Ley 30737, que reemplaza al decreto de urgencia 003-2017, el cual lejos de dar una lucha frontal contra la corrupción permite a las empresas socias de la corrupta Odebrecht no sólo reducir el pago de su reparación civil, sino continuar contratando con el Estado.
El reglamento aprobado en el Consejo de Ministros y que se publicó precisa la forma del cálculo para los fideicomisos y las reparaciones civiles, a través de “fórmulas matemáticas” de las empresas condenadas en el Perú y extranjero por casos de corrupción, así como a las empresas consorciadas, (club de la construcción).
Lo llamativo que el reglamento permite a las empresas implicadas en el “llamado club de la construcción” reducir el pago de la reparación civil al Estado, en algunos casos eliminar el pago de esta obligación.
Asimismo, las empresas que se acojan a este reglamento tendrán suspendidas las medidas cautelares o embargos aplicados, es decir podrán mover dinero de sus cuentas embargadas.
La norma establece que no se restringirá el derecho de la empresa Odebrecht y sus socias a participar en contratos con el Estado, a pesar que están siendo investigadas por haberse beneficiado del erario nacional.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltó que este reglamento no solo es fundamental para garantizar el pago de la reparación civil, sino también para continuar con la reconstrucción del país, diversas obras públicas y promover proyectos de inversión privados, en especial, del sector minero.
Empresas corruptas
En el caso que la empresa sea declarada culpable y quiera vender un activo o proyecto, se hace una retención en el fideicomiso a favor del Estado del 50% del precio de venta, el cual se destina al pago de la reparación civil y deuda tributaria exigible coactivamente. El precio de venta garantiza el pago previo de las obligaciones laborales, tributarias, con proveedores y financieras del proyecto.
Todas estas ventas requieren aprobación del Ministerio de Justicia (Minjus) y opinión previa del MEF y de la entidad pública contratante. Para que se realice la venta no es necesario contar con la estimación del monto de la reparación civil del procurador público, superando el problema generado en el DU 003.
Empresas socias e investigadas
También se precisa que las empresas socias o consorciadas están obligadas a constituir un fideicomiso con diferentes clases de activos y en los siguientes cinco años, a fin de garantizar el futuro pago de la reparación civil. Las empresas investigadas (como el club de la construcción) pueden constituir un fideicomiso de garantía de manera voluntaria.
El monto en el fideicomiso depende de los proyectos involucrados en la investigación fiscal, diferenciando APP y obras públicas. Al permitir la continuidad de los flujos, se garantiza la continuidad de los proyectos de inversión pública y de asociación público-privada que las empresas vienen ejecutando.
Estas medidas otorgan predictibilidad al sistema financiero sobre la exposición al riesgo asumido por la empresa mientras dure el proceso judicial, se garantiza al Estado un monto para la futura reparación civil y se evita que se paralicen 252 proyectos por cerca de S/ 30,000 millones.
