Con 16 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar 10 años de la función pública al expresidente Martín Vizcarra y 5 años al exprimer ministro Salvador del Solar debido la denuncia constitucional que pesa contra ellos por la disolución del Parlamento en 2019.
La propuesta de inhabilitación de 5 años de la función pública también es contra el exministro Vicente Zeballos.
El informe final había sido elaborado por el congresista fujimorista Héctor Ventura. Los parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Libre, Honor y Democracia, Renovación Popular y Podemos Perú respaldaron su propuesta, pese a una serie de irregularidades advertidas.
Primero, el informe de Ventura sostuvo que la disolución del Congreso fue inconstitucional porque una resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 2023 señaló que no existe la figura de la denegación fáctica de la confianza.
Vizcarra disolvió el Congreso en 2019 luego que su entonces premier Del Solar hizo cuestión de confianza para cambiar modalidad de elección del nuevo TC. El Pleno se rehusó y el Gobierno consideró que en la práctica la confianza había sido denegada.
En el debate el congresista Víctor Flores, planteó una cuestión previa para que se vote por separado las inhabilitados, pues consideró que en el caso de Del Solar, la Comisión de Constitución debía presentar un informe para aclarar la controversia sobre la caducidad. Sin embargo, el pedido de Flores fue rechazado.
Incluso, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, solicitó durante el debate que la sanción contra Del Solar y Zeballos se incremente de 5 a 10 años de inhabilitación, pero su pedido no prosperó. El caso deberá ser visto en la Comisión Permanente y luego en el Pleno para concretar el juicio político.
DENUNCIA
Al respecto, el parlamentario Alejandro Muñante, promotor de esta medida contra el ‘Lagarto’ se pronunció al respecto en sus redes.
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recoge mi denuncia constitucional 384, el de la congresista Chirinos y otro, en contra del expresidente Martín Vizcarra y sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes perpetraron el golpe de estado en setiembre del 2019”, inició su publicación.
Asimismo, consideró que se cerró el Congreso “una figura ficticia y contraria a la Constitución” como lo es la “denegación fáctica”, mencionada por Vizcarra en su mensaje a la nación en aquella fecha.
OTRAS INHABILITACIONES
La primera inhabilitación en contra del exmandatario se dio en abril de 2021, debido a su implicación en el caso conocido como “VacunaGate”, relacionado con la vacunación irregular contra la COVID-19 de funcionarios públicos. En este caso se optó por imponer dicha sanción por un plazo de 10 años.
Por el uso de dosis adicionales de Sinopharm también fueron inhabilitadas para ejercer cargos públicos las exministras de Salud Pilar Mazzetti y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.
El exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, no solo cuestionó la gestión del exmandatario, sino que continúe realizando una campaña política a sabiendas de estar impedido.
“En este país las autoridades dan un mal ejemplo a la población, no acatan las reglas, ni siquiera tienen un mínimo de autocrítica. Él piensa que su actuación ha sido correcta cuando la población tiene los indicadores más nefastos en salud. La población debe analizar el comportamiento de estas autoridades, parece que no se da cuenta del daño que él ha hecho en salud, para él todo estuvo perfecto cuando la realidad y los indicadores han sido dramáticos en nuestro país, los peores en América Latina y en el mundo”, declaró.
La segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, se dio en mayo del 2022. El impedimento se dio por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes en el marco del llamado caso Obraínsa. Pese a la prohibición de intervenir en la gestión de empresas y asociaciones privadas, el exmandatario no renunció a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra cuando integró el gabinete ministerial.
