Luego de más de un año escondido desde que se dictó prisión efectiva en su contra, Vladimir Cerrón, secretario nacional de Perú Libre, brindó una entrevista en la que se denominó “el peruano más investigado de todos estos tiempos” e insistió en ser víctima de una presunta “persecución política judicial, sin tregua”. Además de mostrarse en una posición de víctima, deslizó que ya no se encontraría en el país, como se vocea.
Al ser consultado sobre las circunstancias que lo llevaron a abandonar el Perú, consideró que era una interrogante sin sentido, sin negar que se encuentra fuera del territorio nacional. Expresó que está en el corazón del pueblo e hizo alusión a la tecnología, confirmando su distancia. Asimismo, se refirió a las investigaciones.
“El contacto es permanente con el avance de la tecnología, hoy es imposible estar distante. A donde vaya el Perú siempre estará conmigo. […] He enfrentado todas las acusaciones, me considero ser el peruano más investigado de todos estos tiempos en el país”, mencionó en diálogo con el diario El Dato de Lambayeque.
“Me han acusado de todo, desde corrupto hasta terrorista y desde el 2011 hasta el 2024, me han abierto un total de 220 casos penales, de los cuales al día de hoy están en giro solo un promedio de 15, lo que demuestra que al haberse archivado el 93 % de ellos, en realidad, lo que existe es una persecución político judicial, sin tregua”, acotó.
En ese sentido, consideró que está librando “la batalla judicial más grande que Goliat, contra un David pequeño, pero imbatible, producto del cual me sentenciaron en dos ocasiones”. Añadió que el sistema judicial peruano “responde a intereses de clase” y que el fin detrás de las acciones en su contra es imposibilitarlo de postular.
Al recurso de casación que interpuso le siguió la solicitud de suspender la ejecución de la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. Sin embargo, su pedido fue declarado infundado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
La medida inicial presentada ante el tribunal supremo está detrás de la revocatoria de la sentencia impuesta por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín el 6 de octubre de 2023, en la cual también se impuso su inhabilitación por tres años y tres meses para ejercer cargos públicos y con ello postular.
