Actuaron como peones de una persecución política, señala abogado Wilber Medina Bárcena

 

VALERIA PONCE

El abogado procesalista y penalista Wilber Medina Bárcena, impulsor de la demanda de hábeas corpus que obligó a hacer público el Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht, sostiene que José Domingo Pérez y Rafael Vela deben ser denunciados y procesados por la persecución política que desataron desde la Fiscalía.

 

– El pasado 12 de junio, el Congreso aprobó un informe que recomienda denunciar penalmente a José Domingo Pérez y Rafael Vela por presunto prevaricato, encubrimiento y usurpación de funciones. ¿Existen elementos objetivos que sustenten esa acusación, o se trata de una decisión política sin base jurídica sólida?

No, yo estoy absolutamente de acuerdo con el informe y las conclusiones a las que ha llegado la comisión Muñante. Incluso he sido citado a esa comisión como el autor y el gestor de haber logrado que se haga público el Acuerdo de Colaboración Eficaz, gracias a una demanda de hábeas corpus que interpusimos contra estos fiscales Vela y Pérez, que se negaban a hacer de conocimiento del pueblo peruano el contenido de este acuerdo. Hemos tenido que llegar al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en una impecable e histórica sentencia, declaró fundada la demanda y les ordenó que el Acuerdo de Colaboración Eficaz debía hacerse público y que se nos tenía que entregar. Es así que el 22 de diciembre del 2024 nos entregaron el informe y lo hemos hecho de conocimiento público.

A partir de allí, de la lectura de sus casi 1200 folios, lo que yo particularmente encontré fue una serie de actos criminales que había ejecutado el señor José Domingo Pérez Gómez y el señor Rafael Vela Barba, con la complicidad de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, el procurador Jorge Ramírez, la procuradora adjunta Silvana Carrión y demás personas que habían intervenido. Fue tal el impacto de estos actos criminales que provocó que el Pleno del Congreso, atendiendo una moción, formara la comisión Muñante. Esta comisión se formó con un mandato expreso: analizar el contenido del convenio y determinar responsabilidades penales, si las hubiera, además de algunas recomendaciones para mejorar la legislación. Luego de múltiples sesiones, en las que se invitó a numerosos especialistas involucrados en el tema, incluidos el propio Vela y el propio Pérez, y tras el análisis de una amplia lista de documentos, la comisión concluyó que este informe contenía muchos vicios y actos criminales.

 

– El informe congresal también recomienda anular el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito con Odebrecht. ¿Qué implicancias jurídicas tendría esa anulación?

La consecuencia, después de las investigaciones, sería anular ese acuerdo y, por lo tanto, se caería todo lo mal armado que ha estado. Incluso se caerían todas las demandas que, de muy mala fe y con el consentimiento expreso de estos bandidos que he mencionado, Pérez, Vela, Gorriti, Álvarez Camacho y demás, le han permitido a Odebrecht interponer contra el Perú en tribunales arbitrales. Toda esta farsa, todo este mecanismo, todo este tinglado se caería en la medida en que el Congreso, los fiscales del Ministerio Público y, oportunamente, los jueces declaren anulado ese acuerdo. Así podríamos reponer las cosas al estado anterior y tratar, de alguna forma, de embargar los bienes internacionales que Odebrecht tiene en diversos países, para que respondan por los actos criminales que han perpetrado en el Perú.

 

– ¿Qué tan realista es, en la práctica peruana, que estos dos fiscales de alto perfil terminen efectivamente procesados y sentenciados, más allá de los informes?

Creo que, con el liderazgo del nuevo fiscal de la Nación, Tomás Alarino Gálvez Villegas, y ya estando fuera su padrino Pablo Sánchez y pronto Zoraida Ávalos, la fiscalía va a ser reestructurada. Van a colocar nuevos fiscales, y estos, con objetividad, van a hacer las investigaciones que correspondan. Oportunamente, los involucrados, Vela, Pérez, Silvana Carrión, Rodríguez Rodríguez, la jueza Álvarez Camacho y demás, van a tener que ser investigados, acusados y, eventualmente, condenados por todos los delitos que se mencionan en el informe.

 

– El propio fiscal de la Nación declaró que Vela y Domingo Pérez “trabajaron para Odebrecht”. ¿Qué peso legal añade esa afirmación, viniendo de la máxima autoridad del Ministerio Público?

Lo que ha dicho el fiscal de la Nación es lo que yo vengo repitiendo desde el 2017-2018. Yo nunca les he tenido miedo a estos señores, tampoco nunca los he aplaudido, porque siempre dije que eran unos farsantes, actores políticos que fungían como fiscales.

A la luz de los hechos, Vela, Pérez, Silvana Carrión y Rodríguez no eran más que peones de IDL, y eran los gatilleros del líder de esta organización, encabezada por el señor Gorriti. Si no, ¿cómo se explica que, en el caso del presidente García, en una entrevista con la señora Rosa María Palacios, a los dos meses de la muerte del presidente García, Gorriti declarara lo siguiente: «si yo hubiera sabido que Alan García iba a tomar esa decisión, le hubiera dado una tregua»? Eso dijo, está en los registros. Solo el jefe de una organización se pronuncia en ese sentido; ahí calza perfectamente la máxima del derecho procesal: el pez por la boca muere. Solo alguien que era el líder de todo este aparato estatal persecutor podría hacer esa afirmación, refiriéndose a la decisión del presidente García de pegarse un tiro para evitar su ilegal captura y ser humillado.

 

– Concretamente, ¿qué responsabilidad penal o sanciones les corresponderían a estos investigados?

Abuso de autoridad, encubrimiento real, encubrimiento personal, cohecho. Pero, para mí, ha habido coima, y lo he sostenido siempre. Respondiendo también a la pregunta anterior, yo he sostenido siempre que los mejores abogados que ha tenido Odebrecht en el Perú tienen nombre y apellido: José Domingo Pérez Gómez, Rafael Ernesto Vela Barba, Jorge Rodríguez Rodríguez, Silvana Carrión y María de los Ángeles Álvarez Camacho, y, claro está, el señor Gorriti. Han sido los mejores abogados porque, entre ellos, coludidamente, le han garantizado impunidad a esta empresa. Lo que ha dicho Tomás [Gálvez Villegas] ha recogido lo que nosotros, Humberto Abanto, yo y algunos más, como Katherine Ampuero, entre otros, hemos venido sosteniendo siempre. Finalmente, el fiscal de la Nación se ha convencido. La fiscalía, en el caso Lava Jato, ha tenido un rol principal, garantizarle impunidad a la corrupta Odebrecht, permitir que se lleve todo su dinero y, sobre esa base, hacer fuegos artificiales diciendo que venía a perseguir a los funcionarios que se habían corrompido con la empresa. Casualmente, solo se perseguía a los funcionarios públicos, y no así al sector privado ni a los diferentes líderes políticos.

 

– ¿Qué hay detrás de todo esto y de cuántos años de cárcel podríamos estar hablando?

Si se hace una investigación seria, pronta y con celeridad, Pérez, Vela, Álvarez Camacho, Rodríguez Rodríguez, Silvana Carrión, Gorriti y demás deberían terminar presos por los graves actos criminales que han cometido al auspiciar y celebrar ese documento mal llamado Acuerdo de Colaboración Eficaz. Su nombre correcto debería ser Acuerdo de Corrupción Eficaz.