Por: Martín Belaunde Moreyra
La reacción unánime de los candidatos mencionados por Jorge Barata de haberles entregado aportes para sus campañas electorales ha sido negarlo todo. Esta negativa se extiende también a las personas señaladas por Barata como terceros receptores, incluyendo a directivos de la CONFIEP. Su actual presidente, Roque Benavides, ha admitido que la institución recibió de Odebrecht la suma de US$ 200,000para un programa de fortalecimiento de imagen institucional. Todo ello ha generado la burla popular expresada en la frase: “nadie recibió nada, Barata se tiró la plata”. ¿Cómo evaluamos la situación?
Es improbable, por no decir imposible, que la opinión pública acepte la tesis de que los beneficiarios finales del dinero de Odebrecht, no fueron los candidatos. Diga lo que desatinadamente diga PPK, nadie le cree ni menos acepta que el testimonio de delincuentes no es confiable en este caso. Por orden de magnitud, las cifras que Barata ha informado tuvo como últimos destinatarios a los esposos Humala-Heredia, empatados en la misma cantidad con la ex alcaldesa Susana Villarán, cada quien con la suma de US$ 3 millones. Luego Keiko con US$ 1.2 millones, seguida por Alejando Toledo con US$ 700,000 y más a la cola Pedro Pablo Kuczynski con US$ 300,000. Alan García con US$ 200,000. Esta contribución se realizó para los comicios de los años 2006, porque García no fue candidato en el 2011. En el caso de los esposos Humala-Heredia es probable que las contribuciones fueran para las elecciones de los años 2006 y 2011. Con respecto a Toledo y Kuczynski el dinero fue donado para las del 2011.
¿Esta distinción de los años electorales tiene alguna importancia? Desde un punto de vista ético y de imagen de los candidatos ninguna, porque la opinión pública no verá la diferencia, focalizándose en la recepción del dinero. Pero legalmente sí la tiene, por varias razones. Primero, en los años 2006 y 2011 se podía sospechar de las actividades delictivas de Odebrecht, pero no existía ninguna evidencia. Eso vino después con las revelaciones de Lava Jato en Brasil y con el informe del Departamento de Justicia yanqui en diciembre del 2016, de que Odebrecht pagó coimas en el Perú por US$ 29 millones. Segundo, que algunos de los beneficiarios no fueron elegidos (PPK y Toledo en los comicios del 2011) y por consiguiente no tuvieron la oportunidad de devolver el favor. Tercero, el factor más importante, que recibir aportes electorales y no revelarlos no sería delito sino solo un ilícito administrativo. Tal es la argumentación de los abogados de Humala. Sin embargo, negar la recepción del dinero, cuya entrega es comprobada después, podría ser considerado como un delito contra la administración de justicia.
Empero, las consecuencias morales son devastadoras. El yo no fui es terrible y el pueblo no lo perdonará. ¿Cómo expresará su cólera? Está por verse. Pero hay aspectos adicionales a ser considerados. La ex alcaldesa Villarán recibió los US$ 3 millones para la campaña del no en la revocatoria, cuando estaba en funciones. Todo parece indicar que devolvió el favor a través de mayores beneficios para Odebrecht en Rutas de Lima. Muy grave. ¿Y Toledo? La coima de los US$ 20 millones es historia aparte y materia de la extradición.
