Fiscalía revela órdenes del presidente suspendido de Corea del Sur durante crisis parlamentaria
El suspendido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta una investigación por su presunto intento de consolidar el poder mediante la declaración de ley marcial y el despliegue del Ejército en el Parlamento el pasado 3 de diciembre. Según un informe de la fiscalía, el mandatario habría autorizado el uso de armas de fuego para irrumpir en el recinto legislativo.
De acuerdo con la acusación, Yoon habría ordenado al jefe del comando de defensa de Seúl, Lee Jin-woo, utilizar todos los medios necesarios para ingresar al Parlamento, incluso la fuerza letal. «¿Qué están esperando? Derriben las puertas y expulsen a todos, aunque sea disparando», habría declarado el líder suspendido.
La acción buscaba desarticular una supuesta alianza entre la oposición y Pyongyang, argumento que Yoon utilizó para justificar su decisión de declarar la ley marcial. Sin embargo, los legisladores lograron sortear el cerco militar y convocaron una sesión extraordinaria esa misma noche, anulando la ley mediante una votación mayoritaria.
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El informe también señala que Yoon instruyó al general Kwak Jong-keun, del Mando de Contrainteligencia de Defensa, que tomara el control del Parlamento de inmediato para evitar que se alcanzara el quórum necesario para invalidar la ley marcial. Según la fiscalía, Yoon habría instado a utilizar hachas para romper puertas y sacar a los presentes del recinto.
Tras la destitución de Yoon mediante votación parlamentaria, el caso se encuentra ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir en un plazo de seis meses si ratifica su salida del cargo. En paralelo, la Oficina de Investigación de la Corrupción lo investiga por insurrección, un delito que podría acarrear cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
El abogado defensor de Yoon, Yoon Kab-keun, calificó el informe de la fiscalía como un «relato parcial y carente de lógica». A pesar de esto, el exmandatario ha rechazado tres citaciones para declarar, generando tensiones adicionales en una nación ya conmocionada por los hechos.
El caso continúa siendo un tema de debate público en Corea del Sur, reflejando la profunda polarización política del país y planteando interrogantes sobre el futuro del liderazgo y la democracia en la región.
