Ministro de Justicia se alínea con lo señalado por Vizcarra y se enfrenta a Fiscales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, aseguró que su opinión personal es que el Estado peruano no debería devolver los S/524 millones que le ha retenido a la empresa Odebrecht por la venta de la Hidroeléctrica Chaglla.
En esa línea, el ministro precisó que la retención de estos recursos se puede usar como una garantía «para futuras reparaciones civiles».
«En lo personal, considero que este dinero no debería devolverse. Respeto la autonomía y la saludo. Sin embargo, estos recursos no deberían devolverse porque sirven como soporte para futuras reparaciones civiles«, sostuvo.
Zeballos explicó que la devolución depende de lo que defina la jueza María de los Ángeles Álvarez, quien homologó el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña, puesto que el convenio indica que el dinero debe ser retenido si existen investigaciones contra la empresa.
«La jueza en su fallo no hace distinción entre investigaciones o procesos. La fiscalía nos dice que Odebrecht no tiene investigaciones preliminares ‘x’, pero sí ‘z’. La unidad funcional ha cursado información al procurador Jorge Ramírez y él ha contestado que tiene distintos procesos en distintas etapas. Eso se lo ha trasladado a la jueza para que determine el alcance de la expresión», señaló.
De esta manera, Zeballos se alínea con el presidente Martín Vizcarra, quien ya había expresado su oposición a la entrega de los S/524 millones a Odebrecht. “El daño (hecho por la empresa) es tan grande que no correspondería hacer una devolución”, dijo a inicios de mes.
INFORME
Esta semana el informe de la procuraduría ad hoc para el caso “Lava Jato” fue entregado a la Unidad Técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). La expectativa giraba en torno a la argumentación que daría el procurador Jorge Ramírez, a cargo de ese despacho.
Según fuentes del Minjus, ello no se trataba tan solo de una opinión, sino de un informe que había sido solicitado por dicha unidad para establecer si la empresa Odebrecht tenía investigaciones a cuestas.
Si bien la constructora pretendía que se le reembolsaran S/524 millones por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz, esto no implicaba que de modo automático, tras la validación (homologación) que hizo la jueza María de los Ángeles Álvarez, ello se realizara.
En ese contexto, algunas fuentes señalaron que para la procuraduría ad hoc “no caben interpretaciones en una sentencia”. Los voceros explicaron que la defensa del Estado en el caso “Lava Jato” consideró que toda sentencia debe interpretarse en sus propios términos y aceptarse en sí mismos.
INVESTIGACIONES
La procuraduría clasificó el informe de las investigaciones a Odebrecht en tres grupos. El primero en contra de sus funcionarios por hechos que no forman parte del acuerdo; mientras que el segundo se refiere a las investigaciones en las que Odebrecht no está como persona jurídica pero sí existe una intervención directa de la constructora.
Por último, está el caso Gasoducto, donde se encuentra involucrada la exrepresentante del consorcio, Claudia Hokama, y el caso Chacas, donde uno de sus dependientes fue condenado y está ahora en proceso de apelación.
Al respecto, la exprocuradora Katherine Ampuero Meza señaló: “El ministro Zeballos considera que el Estado no debería devolver el importe retenido por la Ley 30737 a Odebrecht, sin embargo cuando tuvo conocimiento de que el Procurador Ramírez así lo había acordado con la empresa, respaldó esa negociación que perjudica intereses del Estado”.
