Son investigados por fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios
En los últimos meses una gran cantidad de gobernadores regionales tuvieron que dejar sus cargos, los detuvieron, allanaron sus viviendas y/o los suspendieron debido a investigaciones por presuntos delitos como peculado, colusión y crimen organizado, no solo en su actual gestión sino, antes de ella.
Actualmente 22 de los 25 gobernadores regionales tienen procesos abiertos y son investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecot). Los únicos que no están incluidos en investigaciones son los gobernadores de Cajamarca, Mesías Guevara; La Libertad, Manuel Llempén; y San Martín, Pedro Bogarín.
Así las cosas, cabe preguntarse, ¿cuáles son las reformas pendientes para mejorar la elección o el control de las autoridades regionales? El experto en derecho administrativo de la Universidad de Piura, Guillermo Chang Chuyes, plantea una ley para intervenir las regiones en crisis ya que la fiscalización llega tarde.
“Entendemos mal la autonomía. Entonces habría que dar la posibilidad de intervenir gobiernos regionales y locales cuando las cosas van mal. Habrá que ver la mejor forma de hacerlo, para evitar que sea el gobierno central, quien manipule estas intervenciones. Podría ser intervención de la Contraloría, del Parlamento, pero me parece que sí se necesita intervenir los gobiernos regionales”, expresó a RRP.
Los casos más sonados son los de los gobernadores de Arequipa, Elmer Cáceres; y Puno, Agustín Luque, quienes tienen prisión preventiva.
Anselmo Lozano, de Lambayeque, está con arresto domiciliario; Wilmer Dios, de Tumbes, sentenciado y prófugo; y Vladimir Cerrón, suspendido de su cargo en Junín por una condena del 2019.
El último en sonar fue el caso de Francisco Pezo, gobernador de Ucayali, sobre quien recae una orden de detención preliminar.
