La intervención policial y la detención del chofer generaron indignación en redes y entre los pasajeros.
La llegada de siete policías a una vía céntrica de Lima para intervenir a un conductor de transporte público generó un intenso debate sobre abuso de autoridad, colocando en el centro de la controversia el actuar de una agente de la Policía Nacional del Perú (PNP). El caso, apodado en redes como “Lady 2 soles”, movilizó a cientos de usuarios que cuestionaron la legitimidad de la intervención y el procedimiento de los efectivos.
El incidente, registrado en videos difundidos por testigos, comenzó cuando una mujer policía, vestida de civil, subió a un bus junto a su hijo y se negó a pagar el pasaje habitual de dos soles, alegando su derecho a viajar sin costo por ser personal policial.
Según las grabaciones compartidas, la suboficial identificada como Teresa Cuba Lara mostró su placa al conductor para hacer valer su pase libre y el de su familia, pero el chofer le indicó que debía abonar por sus acompañantes. La agente rechazó el pago y exigió el viaje gratuito para todo su grupo familiar.
“La mujer policía se negó a pagar su pasaje tras subir a un bus junto a su esposo e hijo, exigiendo que los lleven gratis”, señalaron varios pasajeros en los videos publicados. Este desacuerdo se transformó en una fuerte discusión con el chofer, que se agravó cuando la agente contactó por teléfono a sus colegas de la Unidad de Tránsito para que intervinieran el bus.
Lee también:
Durante el altercado, el bus permaneció detenido más de 30 minutos, lo que provocó la molestia de decenas de pasajeros. El ambiente se tornó tenso y los presentes reclamaron la pronta reanudación de la ruta. Uno de los testigos relató: “La gente le dijo que pague, y ella dijo que no porque el chofer le faltó el respeto”. El descontento creció mientras no se resolvía la situación.
Minutos después, siete efectivos motorizados de la Policía de Tránsito acudieron en respuesta a la llamada de la agente. Varias personas grabaron el momento en que los uniformados detuvieron al conductor. El chofer, quien documentó todo lo ocurrido, manifestó su indignación antes de ser trasladado por la fuerza a la Comisaría de Monserrate, donde, según testigos, las autoridades le confiscaron su teléfono y levantaron un acta de detención por el presunto delito contra la administración pública, resistencia y desobediencia a la autoridad.
Según abogados consultados, la policía implicada podría enfrentar hasta tres años de prisión si se confirma el relato de los pasajeros. De acuerdo con los juristas, las acciones descritas podrían constituir el delito de abuso de autoridad, regulado en el artículo 376 del Código Penal. Además, la conducta de la suboficial también podría ser calificada como coacción, según el artículo 151 del mismo cuerpo legal, ya que testigos afirmaron que manipuló el timón e impidió el avance del bus, poniendo en riesgo la integridad de quienes iban a bordo.
En el ámbito administrativo, la Ley de Régimen Disciplinario de la PNP (Decreto Legislativo 1267) establece que las inconductas a la función policial son consideradas faltas muy graves, con sanciones que incluyen la baja definitiva de la institución. Todas estas posibles consecuencias quedan sujetas a investigación y confirmación por parte de las autoridades competentes.
El caso también reavivó el debate sobre el pase libre de la Policía Nacional del Perú en el transporte público. En otro hecho reciente difundido en redes, una cobradora exigió a un policía el pago de su pasaje, pese a que la ley autoriza la gratuidad para los agentes. El efectivo, aunque mostró su pase libre, decidió pagar, mientras la trabajadora sostuvo: “Es lo justo, maestro”, recibiendo el respaldo de la mayoría de usuarios.
El debate surgió en un contexto de creciente inseguridad. Representantes del sector transporte denunciaron amenazas y extorsiones diarias por parte de bandas criminales, sin respuestas eficaces de las autoridades. En ese clima, muchos conductores y cobradores consideraron inaceptable que la PNP exija viajar sin costo en las mismas unidades donde los trabajadores arriesgan sus vidas y aumentaron las tarifas para enfrentar la criminalidad.
Voceros gremiales señalaron que, mientras persisten la violencia y las extorsiones, las demandas de pase libre por parte de la policía agravaron el malestar. Diversos comentarios en redes sociales plantearon que solo los bomberos deberían beneficiarse de este derecho, dado el carácter voluntario de su labor y la ausencia de remuneración.
No obstante, usuarios identificados como miembros de la PNP recordaron que la Ley N.º 26271 garantiza desde hace casi treinta años el pase libre en el transporte público para policías y bomberos, con el argumento de facilitar su presencia en las calles y asegurar una respuesta rápida ante emergencias. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) supervisa el cumplimiento de esta norma y aplica sanciones para las empresas que restrinjan este beneficio, con multas superiores a S/ 2.000 y suspensión de operaciones en caso de reincidencia. Sin embargo, el clima de inseguridad y recelo ante los resultados policiales aumentó las voces que exigen revisar esta prerrogativa, limitándola exclusivamente al cuerpo de bomberos por considerar que su función es indispensable y directa en la protección de la vida.
