La presidenta enfrenta un momento crítico, con niveles de desaprobación que superan el 90% en todos los estratos socioeconómicos, según la última encuesta de Datum Internacional.
La gestión de la presidenta Dina Boluarte atraviesa su momento más crítico, con un 92% de desaprobación a nivel nacional, según el reciente sondeo de Datum Internacional publicado el 13 de octubre. La encuesta revela que el descontento se ha incrementado considerablemente desde febrero de 2023, cuando la desaprobación era del 76%, coincidiendo con la crisis tras la represión de manifestaciones en contra de su gobierno. El aumento del rechazo se ve impulsado por la creciente inseguridad y cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en el Ejecutivo.
La encuesta, difundida por el diario El Comercio, destaca que el desencanto se manifiesta en todos los niveles socioeconómicos, con índices de desaprobación superiores al 90%, desde el sector A hasta el E. En contraste, la aprobación más alta se registra en el NSE E, con apenas un 7%. En el ámbito nacional, la cifra de aprobación se reduce a un preocupante 5%, la más baja durante los casi dos años de mandato de Boluarte.
En cuanto a la distribución geográfica, el sur del país presenta los niveles más elevados de desaprobación, alcanzando un 94%. Sin embargo, Lima, Callao, el norte y el centro del Perú no se quedan atrás, con un 92% de rechazo. En el oriente, la desaprobación es del 87%. En relación con la edad, el 87% de los jóvenes entre 18 y 24 años desaprueban la gestión, y el porcentaje supera el 90% en las personas de 25 a 70 años. Tanto hombres como mujeres expresan su malestar en igual medida, con un 92% de desaprobación.
Lee también:
El descontento no se limita a la figura presidencial. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Adrianzén, también enfrenta un aumento en su desaprobación, que pasó del 65% en septiembre al 78% en octubre. Lima y Callao, donde se ha declarado estado de emergencia debido a la creciente ola delictiva, registran un 81% de desaprobación hacia Adrianzén, mientras que en el caso del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la insatisfacción alcanza el 76% a nivel nacional.
El Congreso de la República tampoco escapa del rechazo ciudadano, con un 88% de desaprobación. A pesar de los intentos del Parlamento por implementar medidas como la Ley de terrorismo urbano para frenar la delincuencia, los expertos advierten que no tendrán un impacto significativo en la seguridad. La clase política enfrenta así un desprestigio generalizado, reflejo del desencanto de la ciudadanía.
