La medida tendrá una vigencia de 60 días y comprende localidades de 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.

 

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 1.380 distritos del país, debido al peligro inminente de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La disposición, oficializada el martes 3 de noviembre mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, busca fortalecer las acciones de prevención, respuesta y rehabilitación ante los posibles efectos de las precipitaciones.

La medida alcanza a localidades ubicadas en 191 provincias de 24 departamentos, además de la Provincia Constitucional del Callao. Entre las jurisdicciones comprendidas figuran Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La declaratoria no implica que todos los distritos de estas regiones se encuentren en emergencia. La relación de localidades incluidas está especificada en el anexo del decreto supremo, donde se identifican las provincias y jurisdicciones que requieren intervención frente al escenario de riesgo.

¿Por qué se declaró el estado de emergencia por El Niño?

La decisión del Ejecutivo responde a los informes técnicos que advierten sobre la posibilidad de precipitaciones de fuerte intensidad durante el periodo asociado al fenómeno El Niño 2026-2027. Las evaluaciones consideran tanto la continuidad de El Niño Costero como el desarrollo de este evento climático en el Pacífico ecuatorial central.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar la medida luego de evaluar los reportes elaborados por entidades especializadas como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen).

Los documentos técnicos identificaron un escenario de muy alto riesgo en las zonas comprendidas. Además, señalaron que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales involucrados había sido sobrepasada, por lo que resultaba necesaria la participación de las entidades del Gobierno Nacional.

¿Qué acciones deberán ejecutar las autoridades?

Durante los 60 días de vigencia de la declaratoria, los gobiernos regionales y las municipalidades comprendidas tendrán que implementar medidas inmediatas para reducir los riesgos identificados. También deberán desarrollar acciones de respuesta y rehabilitación en caso de que las lluvias ocasionen daños a la población, viviendas, infraestructura pública o servicios esenciales.

El trabajo contará con la coordinación técnica y el seguimiento del Indeci. Asimismo, se ha dispuesto la participación de diez sectores del Ejecutivo: Salud; Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensa; Interior; Transportes y Comunicaciones; Energía y Minas; Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social.

Cada institución deberá intervenir de acuerdo con sus competencias y ejecutar acciones vinculadas directamente con el peligro que motivó la declaratoria. Las medidas podrán ajustarse según las necesidades que se presenten durante la emergencia, siempre que exista el correspondiente sustento técnico.

¿Cómo se financiarán las medidas de emergencia?

El Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM establece que las intervenciones serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas. Esto significa que las acciones previstas deberán ejecutarse con los recursos disponibles de cada sector y no requerirán partidas adicionales del Tesoro Público.

La disposición también contempla que el Indeci realice el seguimiento de las medidas adoptadas por las autoridades regionales y locales, con el propósito de evaluar su cumplimiento durante el periodo establecido.

Con esta declaratoria, el Ejecutivo busca anticiparse a los posibles impactos de la temporada de lluvias y reforzar la capacidad de respuesta en las zonas identificadas como vulnerables. La ejecución oportuna de las intervenciones será determinante para proteger a las familias, reducir los daños materiales y evitar que las precipitaciones interrumpan servicios básicos o actividades económicas.