Otorgan un plazo de tres días para subsanar las omisiones presentadas en la denuncia contra el presidente Sagasti
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró inadmisible en su informe de calificación la denuncia contra el presidente de la República, Francisco Sagasti. La acusación fue presentada tras la revelación del escándalo de la inoculación irregular con dosis extras de la vacuna Sinopharm.
La denuncia firmada por el candidato congresal Marco Falconí Picardo, de Podemos Perú, incluye al presidente Francisco Sagasti, la primera ministra, Violeta Bermúdez, el exmandatario Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete.
De acuerdo a la resolución, la acusación “no cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos” en el reglamento del Congreso, “por cuanto el denunciante no ha cumplido con fundamentar jurídicamente la denuncia”.
En ese sentido, el grupo de trabajo otorgó un plazo de tres días para que el denunciante subsane las omisiones señaladas, de lo contrario se declarará la improcedencia de su acusación.
“Esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resuelve declarar inadmisible la denuncia constitucional 428, formulada por el ciudadano Marco Falconí Picardo en contra del expresidente de la república Martín Vizcarra Cornejo, el presidente de la República Francisco Sagasti Hochhausler, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler y contra la exministra de relaciones Exteriores Esther Elizabeth Astete Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, concusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”, indica la resolución.
Sobre la denuncia a Francisco Sagasti, Marco Falconi señala que el presidente habría incumplido una normativa expedida durante su gobierno, ya que debió recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la Fase II, como adulto mayor de 60 años.
Cabe precisar que la vacunación del presidente se dio para demostrar a la ciudadanía que la dosis eran seguras y eficaces, esto se encuentra amparado en una resolución ministerial.
