Por Martín Belaunde Moreyra
El Congreso la semana pasada votó la insistencia en la llamada Ley Mulder que prohíbe al Poder Ejecutivo realizar publicidad en los medios, salvo emergencias y desastres. ¿Cuál es la lógica detrás de semejante prohibición? Era una disposición dirigida contra el gobierno del ex presidente Kuczynski pero que ha perdurado respecto de Martín Vizcarra, a pesar de que la oposición parlamentaria se comprometió a facilitarle la vida. Si lo pensamos bien en el agónico final de PPK Fuerza Popular y el Apra, que en este aspecto juegan en pared (excepto Jorge del Castillo y Luciana León), querían terminar de desprestigiarlo para que se fuera sin pena ni gloria. Y por cierto lo consiguieron. Pero, ¿por qué con Vizcarra que ostensiblemente trata de evitar cualquier choque con ellos y que es la hechura de su votación?
Caben diversas interpretaciones. La primera que se me viene a la cabeza es el viejo dicho de “quien puede, puede” como una afirmación de mando en el más crudo sentido. “Nosotros en el Congreso te llevamos a la presidencia y si te portas mal te sacamos igual que a PPK, de manera que camina con cuidado”. Para eso no hay nada mejor que dejar a nuestro precario Poder Ejecutivo sin la capacidad de defenderse ante la opinión pública cortándole el caño de la publicidad. Sin embargo, cabe también la pregunta contrafáctica, ¿eso le conviene a la oposición parlamentaria? Creo que no, pues produce una impresión de prepotencia reñida con el sentido común y que además, al fujimorismo ya le está pasando la factura por la pelea infraterna entre Keiko y Kenji.
La excusa detrás de la Ley Mulder, Ley Mordaza o como se le quiera llamar se sustenta en el excesivo gasto publicitario realizado durante los gobiernos de PPK y Humala, habiéndose olvidado su autor del segundo período de Alan García, que no tuvo ninguna limitación presupuestaria en cuanto a gastar en medios. Respecto de Fujimori cualquier persona con algo de memoria debe recordar la forma descarada como Montesinos subsidiaba a la prensa chicha con el infame propósito de insultar a los opositores de entonces. Hoy no ocurre nada de eso. Sin embargo, se quiere enmudecer al gobierno en lo más elemental de sus acciones. ¿Cómo puede vivir un gobierno sin comunicarse con el público? Es evidente que sus medidas deben ser informadas desde un simple corte de agua o de electricidad hasta de los plazos para pagar impuestos, campañas educativas, de salud y otras por el estilo. No se diga de la publicidad en el exterior para atraer turismo.
Según la mayoría del Congreso al gobierno le basta y sobra con El Peruano, Radio Nacional y Canal 7 todos con alcance nacional. Es un pretexto banal. El Peruano solo es leído por el estamento profesional y empresarial. En cuanto a los otros dos, por mucho que lleguen a todo el territorio, deben actuar con algún atractivo de distracción hacia el público, que exceda de la tarea de difundir avisos gubernamentales. Ahora está en juego el respeto a la libertad de expresión del Ejecutivo frente al Legislativo, que pretende imponerse como una aplanadora. Hemos ingresado, por consiguiente, al debate de la libertad de los medios que tendrá como escenario final al Tribunal Constitucional.
