Fue una compañía muy rentable pero la revolución bolivariana causó su quiebra
Aunque la gerencia de CVG Alunasa intentó que el Ministerio del Trabajo de Costa Rica le aceptara que había suspendido actividades por culpa de las sanciones de EEUU y de la pandemia, y que por ello no cumplía con los trabajadores, la realidad es que solo logró demostrar que la causa del problema está en la mala administración de lo que alguna vez fue una importante empresa de aluminio, una de las siete empresas en Costa Rica que obtuvo más de 4 Certificaciones, que de 412 trabajadores quedan 190, con los cuales tiene importantes deudas desde el 2018.
Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa) es una empresa perteneciente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), con sede en Juanilama de Esparza, provincia de Puntarenas en Costa Rica. Se creó para la manufactura y comercialización de los productos de aluminio venezolano. Fue una empresa muy rentable desde su constitución con el nombre Alunasa en 1981, contratando a personal venezolano y tico. Reconocida a nivel internacional por el papel aluminio para uso doméstico, así como ollas, sartenes, bandejas y también bloques y cilindros de aluminio.
La revolución bolivariana logró lo que parecía imposible: quebrar a la importante empresa, luego de una serie de administraciones que derrocharon el dinero de Alunasa, sirvió para contratar cantidad de familiares de los directivos, para darles vida de lujos, pero también para engañar a los trabajadores. Tiene tres meses cerrada y la administración de Nicolás Maduro parece ignorar los acuerdos hechos ante la autoridades de Costa Rica.
Sin entender
El ingeniero industrial Franklin Álvarez es un incansable luchador por la defensa de Alunasa, aunque salió de la empresa en 2019, luego de 12 años de trabajo continuo. “No entiendo cómo una empresa que generaba rendimientos en el 2007, cuando llegué a ella, esté en la bancarrota y no se intervenga”, dice en conversación con Infobae.
Considera que Alunasa sería una empresa autosustentable si contara con una administración que le ponga alma, vida y corazón, de los cuales asegura hay, dentro de las instalaciones, trabajadores con esas aptitudes, gente que hizo posible que la empresa recibiera premios a la Excelencia por parte de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Certificaciones internacionales ISO siendo una de las que más tenían en Costa Rica.
Ante la pregunta de cómo explica que con personal así la empresa esté en la ruina, responde: “Porque a ese personal no lo han dejado trabajar”, y explica cómo el problema es la gerencia y por ello apuesta a que la empresa sea intervenida.
Desarrollo económico
“Ni la Embajada de Venezuela en Costa Rica ha tomado control o monitoreado los movimientos de una empresa de su Gobierno. ¿Por qué el Gobierno de Costa Rica no mete mano dura, pone final a la novela y deja de colocar pañitos de agua tibia en la herida? Alunasa es una empresa que genera desarrollo económico, bienestar social y empleo en Esparza, Puntarenas y comunidades aledañas”.
Tal y como sucedió en el 2018, el 15 de septiembre de 2021, un día de asueto para el país donde está la sede de Alunasa, porque se celebraba el Bicentenario de Costa Rica, la Alta Dirección de la empresa comunica al personal que no se puede cancelar la quincena, pero que va a Venezuela a buscar los recursos. La historia completa la narra el ingeniero Franklin Álvarez.
“Envían al personal a sus casas con un ‘Permiso para ausentarse con goce de salario’ hasta el 24 de septiembre. El permiso fue sin recibir dinero, porque era más bien una promesa de pago a futuro”. Igual que en el 2018 tampoco les han pagado.
La empresa venezolana, con sede en Costa Rica, desde el 2018, que se inició todo el proceso narrado, pasó de tener 412 empleados a 200. El 17 de octubre 2018, según Gaceta Oficial # 41.504 de Venezuela el Ministerio de Industrias y Producción Nacional nombra a Pablo Emilio José Gregorio Tumero Astros como presidente de CVG Alunasa. Se creía que la nueva gestión sería positiva para la empresa, pero fue imposible porque de la gestión anterior quedaron el asesor jurídico Carlos Peña Díaz, mediador o representante ante el MTSS, su esposa, Lorena Domínguez y un par de venezolanos más.
