Por: JAVIER VALLE-RIESTRA / Despresidencializar la Presidencia

por | Feb 19, 2022 | Opinión

Esta tesis recoge las ideas de Haya de la Torre sobre la presidencia de la República y su poder paralelo, el Parlamento. A lo largo de todos estos años, desde nuestra Independencia, hemos tenido jefes de Estado totalitarios; en pugna con el Congreso. El presidente se enfrentaba al primer poder del Estado y quería someterlo y disolverlo. Ahí tenemos los casos de Riva Agüero y Torre Tagle, destituidos del poder por úkases del Congreso. Por eso es que, insisto, tenemos que reformar el sistema constitucional y volver a la Constitución de 1979, la más legítima de nuestras chartas, firmada por Haya de la Torre.

 

Esa ley de leyes, a diferencia de la fraudulenta actual, es la verdadera Constitución de la República de hoy ¿Por qué? Porque el documento de 1993 se erigió por un referéndum dudoso, festinando trámites; incluso, sin firma de jefe de Estado impera en el Perú. Si se hubiera mantenido la pretérita de 1979, entonces, no tendríamos la crisis de hoy. El instrumento apócrifo de 1993, rige pero no vale; en cambio, la Carta firmada por Haya, vale pero no rige. Así, todo el sistema de hoy es tramposo. Los que aplaudan este sistema serán derrocados a corto plazo y terminaránen el exilio, en la cárcel o en la guillotina jurídica. Pedro Castillo, el siniestro y mediocre presidente, pagará sus culpas.

II

Este tema lo abordé hace varios lustros, pero las actuales circunstancias me obligan volver a tocarlo. Durante el juicio político al expresidente Alan García, dije: La democracia no comenzó hace doscientos años, sino que ya existía en Grecia y existía en los fueros españoles donde los súbditos le decían al Rey: “Rex eris si recta facies, si non nom eris”, Rey eres si actúas correctamente, sino no eres. Pero, la Revolución Francesa introdujo un principio que ya no sólo era para una casta como en la Carta Magna, que era la igualdad y la tipicidad para perseguir, que sólo era de la nobleza, sino que era un principio que ha ingresado en todas las Constituciones democráticas del mundo. Nadie puede ser perseguido –decía la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, que forma parte del texto constitucional francés actual— sino por hechos previamente tipificados en la Ley como delito.

III

Soy partidario de la Residencia. Siempre quise que los presidentes de la República, al concluir su mandato, después de ejercer omnímodamente el poder, fueran residenciados por el Parlamento. Víctor Andrés Belaunde decía que los presidentes del Perú eran como virreyes sin Consejo de Indias, sin Audiencia y sin juicio de residencia. En la responsabilidad del jefe de Estado existe dos aspectos del problema: (1) quien ejerce funciones públicas como el Poder Ejecutivo, debe ser responsable jurídicamente ante la Nación y ser procesado en fuero competente por los actos delictuosos que cometa en el ejercicio del mandato; (2) no es contrario a la obligación de rendir cuentas ante la Nación, la conveniencia de rodear de garantías y fuero a quienes ejercen la primera Magistratura, contra las acusaciones infundadas o frecuentes que lo tendrían sometido sus enemigos políticos. En el «Antejuicio», o proceso de pre-rresponsabilidad, los altos funcionarios son despojados de sus inmunidades para ser sometidos a la jurisdicción ordinaria.

IV

El fin del Juicio Político es remover a la persona gobernante. Ese procedimiento no es un privilegio o antejuicio que tenga por meta inmunizar al jefe del Estado contra acusaciones políticas infundadas; sino que hay algo más vital: usar del procedimiento para destituirlo antes de que concluya su mandato. Si la causal de destitución coincide con alguna prevista y penada por los códigos penales, es asunto del Ministerio Públicoiniciar la acción correspondiente. La misión del proceso político, también, es una sanción moral, porque debe investigarse la conducta de los hombres públicos. El mandatario está obligado a rendir cuenta de sus actos delictuosos, por sus atropellos políticos, no para castigarlo con restricciones a su libertad o en su patrimonio, que eso es tarea de los jueces comunes, sino para declararlo incompetente para el ejercicio del puesto en que cometió crímenes.

 

Ahí tenemos, para testimoniar esas crisis, a los canallas que han sido presidentes como Sánchez Cerro, Benavides, singularmente los militaristas, y sobre todo al actual falsísimo individuo.

 

(*) Jurista, exconstituyente, exdiputado y exsenador de la República.


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