Juez ordena 36 meses de prisión preventiva
El Poder Judicial, a través del juez Manuel Chuyo, aceptó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los sobrinos del presidente Pedro Castillo (Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo), el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros investigados, en el marco del Caso Puente Tarata III.
Chuyo manifestó en audiencia que los investigados en mención obstruyen la labor de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro al mantenerse prófugos desde finales de marzo.
Asimismo, refirió que existen elementos de convicción que demostrarían que Vásquez, Castillo Gómez y Pacheco integran una red criminal que operó ofreciendo a empresas distintas obras a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una de ellas fue Tarata, ubicada en la región San Martín.
“Se trata de un conjunto de actuaciones que agrupadas, conductas que denotan un acuerdo de beneficiar al consorcio puente Tarata III, sustentada en elementos objetivos, esto permite inferir que los investigados son sospechosos y que existe alta probabilidad de que puedan ser condenados”, expresó el magistrado.
Recordó que existe un informe de la Contraloría, emitido en diciembre del 2021, en el que se identifican responsabilidades penales y administrativas por parte de los miembros del comité de selección de Provías Descentralizado, instancia que adjudicó la obra al consorcio Puente Tarata III.
Además de esa evidencia, consignó las declaraciones de Karelim López, la colaboradora eficaz que está vinculada a ese consorcio y que declaró ante Zecenarro que los sobrinos del presidente Castillo ofrecían los proyectos conjuntamente con el empresario Zamir Villaverde.
El juez Chuyo precisó que la medida de prisión preventiva impuesta a los investigados por el plazo de 36 meses será computada a partir de efectuada su detención. «La misma que vencerá tras concluido el mencionado plazo», agregó.
De acuerdo con la resolución judicial, se ordenó que se emitan los oficios conteniendo las órdenes de ubicación y captura contra Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo; quienes se encuentran en calidad de no habidos.
La prisión preventiva también alcanza a Víctor Valdivia Malpartida, exdirector de Provías Descentralizado; el funcionario de esta entidad Edgar Vargas Mas; los empresarios Zamir Villaverde García y Luis Carlos Pasapera Adrianzén.
Los hechos se refieren a presuntos actos de corrupción para favorecer al Consorcio Puente Tarata III en una licitación para la construcción de un puente sobre el río Huallaga (región San Martín), pese a que no cumplía con requisitos establecidos en las bases.
Cabe indicar que Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), adjudicó la obra a dicha compañía el 22 de octubre del 2021.
