Historia secreta de como Vladimir Cerrón obliga a mandatario a implementar plan de gobierno de Perú Libre
El anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de enviar al Parlamento Nacional un proyecto de ley para consultar al pueblo, vía referéndum, si se debe elaborar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, respondería a un plan bien estructurado de Vladimir Cerrón para conducir el Perú al comunismo y así evitar la destitución de Pedro Castillo.
El Consejo de Ministros en pleno desconocía que el presidente de la República, Pedro Castillo, anunciaría un proyecto de ley para que en las próximas elecciones regionales y municipales se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con que se reforme totalmente la Constitución Política del Perú.
Fuentes oficialistas revelaron a LA RAZÓN que esta propuesta fue producto de una imposición de Cerrón Rojas al mandatario como parte de la implementación del plan de gobierno de Perú Libre, el cual contempla además la revisión de los contratos con las empresas mineras y gasíferas.
En reunión con los dirigentes de Cusco, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, anunció que su despacho intercederá ante Perupetro para que atienda lo antes posible la demanda de revisión de los contratos de Camisea.
Durante el Consejo de Ministros descentralizado en el Cusco, el titular del Minem manifestó que dicha petición se efectuará la próxima semana, como parte de las políticas energéticas del gobierno para este lustro.
También dijo que su sector propondrá declarar en emergencia el gasoducto sur peruano e indicó que su despacho elaborará un informe técnico recogiendo la petición.
Como parte de esa maniobra, el Premier Aníbal Torres, aprobó la creación de un Grupo de Trabajo tiene por objeto contribuir a identificar posibles soluciones a la problemática social, agraria, turística y minera en Cusco, a partir de analizar cada uno de los puntos de la plataforma de lucha presentada por los dirigentes que acataron el paro agrario en la ciudad imperial.
El plan de gobierno de Perú Libre establece la creación de un nuevo régimen económico del Estado al que denominan «Economía Popular Con Mercados», basándose en lo trabajado en países como Bolivia y Ecuador.
También se propone la revisión de contratos estatales que se renegociarán o anularán. Con esta «Nueva libertad de contratar» se indica que se renegociará la proporción del reparto de utilidades, «en las que las transnacionales se quedan con el 70% de las ganancias y el Estado solo con el 30%». Para hacer todo esto buscarían modificar el capítulo económico de la Constitución de 1993, cuya propuesta fue alcanzada por congresistas de Perú Libre a dirigentes cusqueños que participaron en Paro Agrario. Ahí se les prometió implementar una ley para implementar la segunda reforma agraria.