UNO
Como se sabe Hernando y José Antonio Graña socios de Odebrecht con su empresa Graña y Montero, confirmaron en su momento, ante el equipo especial Lava Jato, que uno de sus aportes, como parte de los diez millones que recibió Susana Villarán, fue un «apoyo económico» para gastos de la campaña de la No revocatoria, ascendente a doscientos mil dólares (US$ 200 000).
Graña reveló que convocó a la consultora de Freddy Chirinos y Pedro Salinas Asociados (Chisac), y le canceló una factura por US$200 000 en el 2013 por un «compromiso asumido con la Municipalidad» sin mediar servicio alguno.
Es decir, se hizo una facturación falsa para blanquear este dinero que CHISAC entregó a la agencia Ogilvy, encargada de la campaña de No a la revocatoria.
DOS
Susana Villarán en esos mismos días contrató a la periodista Paola Ugaz como personal de confianza en la planilla de Serenazgo con un sueldo de 10.000 soles.
Durante el periodo que ejerció este cargo se produjeron los sobornos por los cuales está acusada Susana Villarán. En esos días Ugaz salió del país en varias oportunidades a Panamá y otros lugares, sumando más de dos meses de ausencia, sin solicitar licencia ni vacaciones y se ignora si fue con goce de haber. Luego de eso su legajo personal se perdió muy oportunamente en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
A esto se suma que según reveló el diario Expreso es esos días Ugaz habría movido grandes cantidades de dinero con diversos personajes de su entorno. Ella lo ha negado. Pero alguno de ellos ya habría confesado ante la fiscalía la verdad.
TRES
Entre los actuales signos exteriores de riqueza de Paola Ugaz existe una propiedad en Mala que compró a Pedro Salinas (si, el mismo de CHISAC, que le hizo el favorcito Graña) en no menos de 400 mil dólares.
CUATRO
Paola Ugaz está siendo investigada por lavado de activos. CHISAC por el asunto de Graña y Pedro Salinas por un “servicio” que hizo a Pablo Sánchez.
CINCO
Ante todo esto Paola Ugaz se victimiza, busca premios entre organizaciones progre, embajadas amigas, oenegés mermeleras y finalmente publica infamias contra la Fiscalía de la Nación en medios internacionales afines a la progresía. Del modo más inoportuno, ahora que la fiscalía está jugando un papel fundamental en la lucha contra un gobierno corrupto, ha escrito en el Washington Post: “En Perú, la Fiscalía Nacional puede procesar a cualquier persona que sea acusada de una falsedad. Es una entidad que carece de mecanismos para filtrar la veracidad de las denuncias, y por ello es usada como un instrumento para investigar a periodistas. A la Fiscalía, cuya ley fundacional dice defender “la legalidad, los derechos ciudadanos, los intereses públicos y la recta administración de justicia”, hay que exigirle como ciudadanía que realice un mínimo control de calidad a las denuncias que recibe, antes de abrir una investigación que solo es un agujero negro donde la verdad es lo que menos importa”.
