Fallos mantienen derechos antidumping y compensatorios al biodiesel procedente de Argentina
La Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú – JUNPALMA PERÚ, gremio que representa a más de once organizaciones de productores y empresas de extracción de aceite crudo de palma de los departamentos de San Martín, Huánuco, Ucayali y Loreto, solicitó al Tribunal de INDECOPI que confirme las resoluciones de la Comisión de Dumping y Subsidios de dicho ente en las que dispuso que se mantengan, y luego que se renueven, los derechos antidumping y compensatorios que se aplican al biodiesel procedente de Argentina
Ello por un plazo de 5 años (desde 2021 hasta 2026), cuyas importaciones subsidiadas y con dumping han causado gravísimo daño a toda la cadena productiva de biodiesel en el Perú, de la cuál es un eslabón fundamental la producción de palma aceitera en San Martin, Ucayali, Huánuco y Loreto.
Cabe recalcar que el aceite de palma es el sustento para más de 10 mil familias de palmicultores, vinculados al cultivo de palma aceitera desde hace más de 30 años, producto que fue promovido por el Estado a través de DEVIDA y otros programas de Desarrollo Alternativo como parte de la política de sustitución de cultivos ilícitos de coca.
Las más de 10 mil familias de palmicultores esperamos que el Tribunal de INDECOPI confirme las resoluciones emitidas meses atrás por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios que dispuso que no se ha verificado un cambio de circunstancias en el comercio de biodiesel que justifique una modificación o eliminación de los derechos antidumping y compensatorios impuestos en 2016.
El Perú mantiene un gigantesco déficit en su balanza comercial con Argentina de más de trece mil millones de dólares que se ha venido acumulando a lo largo de los últimos diez años, afectando principalmente a los agricultores nacionales.
JUNPALMA al igual que todos los gremios que conforman la cadena del biodiésel conminamos y exigimos al Poder Ejecutivo que cumpla con su rol de promotor de la producción nacional de palma y de sus derivados, en condiciones de competitividad, tal y como establece la Ley 28054, a fin de evitar que los palmicultores, que optaron por dejar los cultivos ilegales de coca, sientan el abandono del Estado debido a cambios de políticas nacionales que perjudican el desarrollo de la agroindustria de la palma aceitera en el Perú.
