Poder judicial decidirá si revoca detención preliminar
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial revisará este martes los recursos presentados por los abogados de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, y de los miembros del llamado “gabinete en las sombras” (Abel Cabrera Fernández, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Viton Burga y Salatiel Marrufo) para revocar la detención preliminar por 10 días que fue dictada la semana que pasó.
La audiencia será a las 10 de la mañana. Los detenidos participarán de manera virtual desde la sede policial de la DIVIAC, en el Cercado de Lima. Ellos tomarán la palabra, en algún momento, para pronunciarse contra la resolución del juez Víctor Zúñiga Urday, quien acogió la solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para llevar a cabo el operativo ‘Valkiria II’, que también conllevó al allanamiento de las oficinas y viviendas de los seis congresistas conocidos como ‘Los niños’.
Los abogados de Marrufo, Sánchez, Viton, Cabrera y Vásquez argumentan en sus apelaciones que la decisión el magistrado Zúñiga Urday adolece de “motivación aparente”, por lo que exigen la revocatoria de la medida preliminar.
Según la tesis fiscal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
Lee más: Congreso: proponen que no postulen los sentenciados
La bancada del Bloque Magisterial, a iniciativa de la congresista Katy Ugarte, presentó un proyecto de ley que plantea promover la idoneidad de los candidatos y las candidatas a cargos públicos de elección popular.
Se trata de la iniciativa legislativa 3260/2022-CR, que propone modificar el literal h) del numeral 8.1, del artículo 8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales.
“No pueden ser candidatos en las elecciones municipales: Las personas que son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas”, señala el texto.
En la exposición de motivos se señala que nuestro ordenamiento jurídico ha ido implementando nuevas herramientas para fortalecer la lucha contra la corrupción, las mismas que vienen siendo reforzadas para combatir y desterrar todo delito que pueda causar perjuicio en contra del Estado.
