Según la Fiscalía, estos habrían favorecido a la empresa constructora Camargo y Correa en la adjudicación del proyecto Alto Piura.
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Los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato allanaron los domicilios de los exgobernadores de la región Piura Reynaldo Hilbck y Javier Atkins. La intervención en sus casas inició aproximadamente en horas de la amanecida de este miércoles 22 de febrero.
Los exgobernadores vienen siendo investigados por lo presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible. Según la Fiscalía, habrían favorecido a la constructora brasileña Camargo y Correa en la adjudicación del Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura, la obra más importante de la región, que fue valuado en 479 millones 663 mil 437 soles.
La diligencia se realizó con la participación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP). El fiscal Luis Alberto Ordóñez, del Séptimo Despacho del Equipo Especial Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, desde las 5:00 a.m, fue quien dirigió la intervención en las casas de ambas exautoridades en una lujosa zona residencial de Piura.
En la diligencia se logró incautar equipos de cómputo y documentos para complementar evidencias en la pesquisa, extendida hasta octubre por decisión del Poder Judicial. “Todo está reservado. La información es delicada, todavía estamos en el desarrollo de las operaciones”, declaró a una emisora radial de la región.
De momento, ninguna de las dos exautoridades se ha manifestado sobre la última diligencia en sus viviendas.
Javier Atkins fue gobernador de la mencionada región entre el 2011 y 2014 y Reynaldo Hilbck, desde el 2015 hasta 2018.
De acuerdo a un informe de Ojo Público, la investigación preparatoria contra Atkins impulsada por el Ministerio Público se remonta a su gestión, cuando se brindaron supuestas ampliaciones irregulares de plazo y laudos arbitrales a favor de la empresa Camargo Correa, contratista del primer componente del Alto Piura.
Para este caso, el aparato de justicia ordenó el embargo de bienes por S/ 5 millones de Reynaldo Hilbck, quien presidía el Consejo Directivo de dicho proyecto en la administración de Javier Atkins, y quien sería su sucesor inmediato. Sin embargo, Hilbck señaló que el Consejo Directivo solo tenía participación política, pero no facultades de ejecución ni administración de recursos del Estado.
Antecedentes
En 2019, Javier Atkins fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible al beneficiar en 2013 y 2014 a su sobrino, quien era dueño de una empresa de seguridad que contrató, sin ningún proceso de licitación de por medio, para brindar sus servicios en el centro hospitalario de Sullana, dependencia del Gobierno Regional de Piura. Cabe señalar que, esa resolución de primera instancia fue apelada.
Según Ojo Público, Hilbck, quien fue candidato y perdió en segunda vuelta en las últimas elecciones, posee otras 18 investigaciones fiscales por la presunta comisión de los delitos de peculado, peculado doloso agravado,falsedad, colusión, abuso de autoridad, aprovechamiento indebido del cargo, desobediencia a la autoridad, delito contra la administración pública, entre otros. La mitad de estos casos figuran como archivados o en proceso de suspensión.
Sobre los procesos más recientes, que corresponden a tres casos de este 2023, señaló que estaba a la espera del llamado del Ministerio Público para dar sus descargos. “Yo estoy en política y tengo un montón de estos casos, cuando hay una denuncia es importante rendir cuentas y declarar, pero eso no significa que somos corruptos”, aseveró.
