Ha sido un gran destape, el escándalo de la contratación de costosas e innecesarias asesorías desde diversos organismos del Estado, incluso dividiendo la temática en varias partes para evitar los concursos públicos y digitar las contrataciones. Por si alguien no entiende, ello es contratar a dedo, y cuando ello se hace en ésa forma irregular es para favorecer a algún “ser querido”, pariente, amigo o simple ofertante de alguna comisión para obtener la contratación.
Si bien es verdad que hay actos de corrupción a gran escala, como los descubiertos con el famoso “Club de la Construcción”, no es menos cierto que con la sumatoria de poquitos en consultorías, se pueden alcanzar cifras groseramente más significativas, que hacen tanto o más daño que las primeras, pues envuelven a infinidad de personas que se van acostumbrando a tomarle el pelo al Estado.
Las contrataciones de consultorías a las que nos referimos, su tratamiento debería tener una fase preventiva, otra netamente contractual y para finalizar una fase fiscalizadora y, después de esta última y de corresponder, el pertinente procesamiento judicial con la denuncia del Ministerio Público, si es que en la fiscalización se hubieren encontrado acciones u omisiones indebidas.
La fase preventiva debería ser determinar si el objeto de la consultoría puede ser atendido directamente desde alguna entidad del Estado, no necesariamente la que supuestamente la requiere. Esto podría encargarse a CEPLAN para que informe si la consultoría pretendida está justificada o no y qué repartición pública se encontraría habilitada por cumplir con el cometido, sin necesidad de contratación externa.
Pero en el tema de las consultorías, también observamos otra corruptela, como es la de contratar asesores por doquier en las reparticiones públicas. En efecto, ya hasta cansa la vista leer cotidianamente en el diario oficial “El Peruano” diversidad de resoluciones publicadas por las cuales se nombran asesores en ministerios y otras reparticiones públicas, como si el personal de planta no fuese suficiente o no conociera la temática de su puesto, lo que sería imperdonable.
Ahora pasemos de lo preventivo a la parte contractual, en donde en caso de concurso debería establecerse un plazo mínimo para entregar ofertas, pero solicitándolos a todos los que pudiesen ser postores sus planteamientos en la misma oportunidad. Cuando dan uno o dos días para presentar propuestas, es clarísimo que el concurso está amañado, y esto lo vemos a cada rato.
En lo que se refiere a la última etapa, que es la fiscalizadora, evidentemente la Contraloría debería cumplir su papel, pues normalmente nos enteramos de consultorías inexistentes o innecesarias por la prensa de investigación que cumple el papel que debería corresponderle a la primera con la ayuda de las inspectorías y auditorías internas de la infinidad de reparticiones públicas en cuya existencia se ha prodigado en abundancia nuestro tugurizado Estado.
Lo expuesto no significa que no sean necesarias consultorías especializadas, como podría ser la defensa del Estado ante organismos internacionales que procesan diferendos y que el Estado se ha sometido a ellos.
